El miércoles 11 de julio, representantes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se reunieron para dialogar con las organizaciones civiles que conforman el movimiento llamado #FiscalíaQueSirva. El objetivo era resolver un tema que estas organizaciones han buscado convertir en una prioridad de la agenda legislativa: una nueva reforma al artículo 102 donde se habla de la manera en que se designa al Fiscal General. ¿Cómo se debería elegir al fiscal general y por qué ha habido tanta polémica alrededor de este tema?
¿Qué dice el actual artículo de la Constitución?
Hasta el día de hoy, es el presidente quien ha designado a los últimos Procuradores Generales de la República. Estos nombramientos debían ser ratificados por el Senado. Fue el 10 de febrero del 2014 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación del artículo 102 que indica el cambió de la PGR a la Fiscalía General, cuyo titular duraría nueve años en el cargo. Hasta hoy no se ha elegido un Fiscal bajo lo previsto en esta reforma.
De acuerdo con la última reforma a este artículo, el Senado es el encargado de elaborar una lista de, al menos, 10 candidatos que presentará ante el presidente en un plazo de 20 días a partir de que inicie el proceso de designación. Hay que aclarar que esta reforma aún no es vigente, pues aún se requiere de una declaratoria de entrada en vigor y de una Ley Orgánica para delimitar las facultades y el funcionamiento de la Fiscalía.
Senado de la República. (Wikimedia Commons)
Los requisitos que pide el actual artículo 102 (que, con su puesta en vigor, renovaría el método de elección del fiscal):
- Ser ciudadano mexicano por nacimiento.
- Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación.
- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito dolos.
Los candidatos deben comparecer ante el Senado. Luego se eligiría al fiscal con el voto mayoritario de 2/3 partes del Senado.
Además, la Fiscalía General tendrá, por lo menos, dos fiscalías especiales: una de delitos electorales y otra de combate a la corrupción. Sus titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general. El Senado puede objetar algún nombramiento siempre y cuando haya mayoría de 2/3 partes.
Actualmente, el fiscal general puede ser removido por el presidente por causas graves que establezca la ley. Pero dicha remoción puede ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 día hábiles.
Según el actual artículo 102, el fiscal general debe presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo un informe de actividades. Además debe comparecer ante cualquier cámara cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.
El fiscal general y sus agentes son responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.
Aquí puedes leer completo el actual artículo 102.
Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador aseguró que apoyaba el procedimiento previsto por el actual artículo 102 y pidió un voto de confianza:
“Yo les pediría a ustedes y a quienes tienen interés en este tema que nos den oportunidad de que iniciemos con este proceso, porque en México se va a acabar con la corrupción, vamos a limpiar de corrupción el país, es el compromiso que hicimos en campaña y vamos a cumplir con la gente, se va a desterrar la corrupción del país”
Además aseguró que las personas asignadas serán intachables y no tendrán conflictos de interés:
“Yo lo único que puedo decir es que el nuevo Fiscal General, como los Fiscales Anticorrupción y Electoral, van a ser gentes íntegras y de inobjetable honestidad, lo mejor de lo mejor, porque son dos objetivos que tenemos: el cambio en México se llevó a cabo con el propósito de que se acabe con la corrupción, entonces, eso para nosotros es básico”
Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial. (AP)
Los opositores al artículo actual
En el marco de las reformas del 2013, se incluyó la creación de la Fiscalía General de la República (FGR) para sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR). Según varias organizaciones civiles (Cencos, COPARMEX, IMCO, R3D, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, etcétera…) englobadas en la iniciativa Por Una Fiscalía que Sirva, la reforma publicada en 2014 no es suficiente.
El 29 de agosto del 2017, cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil se reunieron en el Ángel de la Independencia para exigir que la Procuraduría General de la República se convirtiera en una Fiscalía autónoma, capaz e independiente.
Entre ellas estaba también el colectivo Vamos Por Más, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil y grupos de empresarios como ABM, AMIB, BMA, CMIC, Citizen Go, CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, CMN, Mexicanos Primero, Transparencia Mexicana, Artículo 19, etcétera… además de a académicos, colegios de profesionistas y ciudadanos interesados en el combate a la corrupción, la impunidad y la garantía del respeto al derecho de los mexicanos.
Fue en esa protesta del 2017 que los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva anunciaron que se unirían para presentar una propuesta cívica que remplace a la PGR.
En su propuesta, #FiscalíaQueSirva dice:
El 10 de febrero de 2014 se publicaron reformas a la Constitución en materia política electoral, entre ellas, se estableció la autonomía del Ministerio Público de la Federación, para evitar el uso político de la facultad de persecución penal del Estado.
No obstante, dicha reforma no dejó satisfecha a la sociedad mexicana, que por diversas vías ha expresado que ese modelo no resuelve la grave crisis de impunidad que aqueja
nuestro país, ni supera un modelo institucional de Ministerio Público que históricamente ha sido ineficiente y controlado por intereses políticos.En ese contexto, a pesar de que dicha reforma constitucional no ha entrado todavía en vigor, puesto que no se han emitido las leyes secundarias correspondientes, diversas expresiones políticas y legislativas han promovido 9 iniciativas ante el Congreso de la Unión para modificar de nuevo el artículo 102 apartado A de la Constitución, así como el régimen transitorio de aquel decreto de 2014.
¿Qué es lo que quiere #FiscalíaQueSirva?
La reforma que plantean las organizaciones civiles, Transparencia Mexicana, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Causa en Común, Fundar y otras, es:
- Agregar requisitos a los aspirantes, como que no hayan ocupado un cargo de elección popular, ni hayan tenido puestos de dirección en partidos políticos, por lo menos en los 4 años previos a su designación.
- Que su duración en el cargo solo sea de 6 años, además de que no pueda prolongarse dicha duración ni pueda el encargado volver a estar en el puesto.
- En la elección de la terna, platean que la evaluación técnica recaiga en una Comisión de Designaciones compuesta de forma honoraria e interdisciplinaria por 9 ciudadanos de reconocido prestigio académico o profesional en procuración de justicia, derechos humanos, combate a la corrupción y políticas públicas en materia de seguridad y justicia. Los ciudadanos serían elegidos por 2/3 partes del Senado de forma pública y abierta.
- Además piden que la elección del fiscal por parte del Senado sea en audiencia pública, a la vista de todos los ciudadanos.
- También piden quitar la facultad del titular del Ejecutivo para remover al fiscal y que se la den al Senado, quien podrá hacerlo con una mayoría de 2/3 partes y en audiencia pública.
- Por otro lado, se proponen 4 fiscalías especiales como mínimo: delitos electorales, combate a la corrupción, violaciones graves a Derechos Humanos y asuntos internos. Los titulares permanecerían en el cargo por 5 años y su permanencia o remoción no dependerían del fiscal general sino de un voto de las 2/3 partes del Senado.
- Por último, se pide que la persona que haya sido fiscal no pueda ocupar cargos de elección popular ni postularse para ellos hasta dos años después de que termine sus funciones.
Aquí puedes revisar la propuesta completa.
Actualmente no hay un fiscal general y, de hacer caso a la iniciativa, no se tendría uno hasta que se aprobara la reforma que propondría la administración de AMLO una vez que él haya tomado posesión (hasta el 1º de diciembre). De hecho, #FiscalíaQueSirva sacó un comunicado en el que le pide al Senado que se abstuvieran de nombrar un fiscal hasta que no haya hecho la reforma que están pidiendo al artículo 102.
La Polémica
Legisladores actuales del PAN, PRI y PRD (quienes actualmente son mayoría en la Cámara de Diputados) han externado su preocupación sobre la posibilidad de que AMLO designe al Fiscal General conforme está estipulado en la Constitución.
El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, dijo:
“Sería una lástima que el ‘fiscal carnal’ que pretendía Peña Nieto, ahora lo impulse el nuevo gobierno, en una especie de seguimiento o acuerdo, en una especie de mimetización de formas de pensar entre el PRI que se va y el viejo PRI que regresa. Lo sensato es que exista un fiscal independiente, autónomo, con verdaderas condiciones de independencia mental, para resolver los problemas del país”
Hay que recordar que esta legislatura todavía estará en funciones prácticamente medio año más.
Por otro lado, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, anunció que impulsarán una iniciativa ciudadana en el Congreso:
“Nosotros estamos, y lo digo con toda claridad, firmes en la convicción de impulsar esto, haya o no simpatía por parte del candidato ganador, quien cuenta con una mayoría legislativa como no se ha dado en muchos años en el país. Tiene que acreditar su vocación democrática, nosotros esperamos que si esta iniciativa llega a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados tengan la inteligencia para escuchar la voz de los ciudadanos”
Gustavo de Hoyos Walter, presidente de Coparmex, insiste en que no hay luna de miel con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. (Twitter, @Coparmex)
El periodista Eloy Garza, en su columna Siempre será el Fiscal carnal de alguien, aseguró que la apuesta por dejar el modelo actual de elección del Fiscal (en control del ejecutivo) dejaría toda la responsabilidad del combate a la corrupción a Andrés Manuel López Obrador (serían él y su fiscal los responsables del éxito o el fracaso de dicha empresa) y que la apelación a la autonomía daría puerta abierta a un deslindamiento por parte del ejecutivo del fracaso (de existir) de dicha lucha.
Por otro lado, el activista Alfredo Lecona menciona en su columna, Los verdaderos intereses de #FiscalQueSirva la existencia de una postura según la cual hay “segundas intenciones” en los objetivos que busca la iniciativa ciudadana:
“[A]lgunos afirman que existe cierta intencionalidad de un grupo de la sociedad civil que busca imponer a un fiscal desde el poder económico”
Según Lecona, esa acusación no se sostiene, ya que, según la propuesta de #FiscalQueSirva, el fiscal tendría que ser corroborado por el Senado y que el influjo de los ciudadanos de la Comisión de Designaciones sería solo para revisar temas de carácter técnico.
Por otro lado, Agustín Castilla en su columna El Fiscal de AMLO, escribe que, de seguirse el actual procedimiento, lo que se esperaría del nuevo gobierno es que respete el procedimiento a la letra y cumplimiento del espíritu con que fuera concebido:
“El próximo presidente no debería pasar por alto que, con todo y sus insuficiencias, uno de los principales objetivos de la reforma constitucional de febrero del 2014 así como la exigencia de las organizaciones sociales y especialistas, no sólo va en el sentido de que el fiscal general de la República cuente con un perfil adecuado en términos de preparación, honestidad, experiencia, sino también que tenga independencia frente al gobierno.”
De hecho, anteriormente expresa su esperanza en que los legisladores de Morena realicen bien su labor:
“Cuando menos se podría esperar un trabajo de análisis y deliberación seria por parte de los legisladores mediante un proceso de parlamento abierto para seleccionar a los 10 candidatos y posteriormente para designar al fiscal general, pues constituiría un grave retroceso que el Congreso se vuelva a convertir en mera oficialía de parte y que se actúe por consigna como en los tiempo de la hegemonía priista.”
¿En qué terminó el diálogo entre los representantes de AMLO y los de #FiscalíaQueSirva?
El periodista y académico Ricardo Raphael escribió en AMLO pacta con una Fiscalía que Sirva, habló de la discusión que hubo entre #FiscalíaQueSirva y los representantes de Andrés Manuel López Obrador:
“Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que desconfiaba de la sociedad civil, prácticamente todas las organizaciones se pusieron el saco. Sin embargo, empieza a quedar claro que, como en todo, aquí también hay distingos.”
Raphael asegura que al final de las pláticas entre los representantes de AMLO y los de #FiscalíaQueSirva, ambas partes salieron satisfechas del diálogo y “en términos de confianza y compromiso para trabajar juntos”:
“La reunión de ayer sirvió para conjurar ambos fantasmas: ni las organizaciones quieren nombrar al fiscal, ni AMLO celebró un acuerdo con los priistas para resolver a la mala la futura Fiscalía General de la República”
Según Raphael, en la conversación hubo tres puntos en los que todos estaban de acuerdo: el proceso de designación no puede ser la principal preocupación; es importante el modelo de procuración de justicia surgido de la futura ley orgánica; y el modelo debe nacer de un consenso en el que esté incluidos tanto el nuevo gobierno, las organizaciones civiles y miembros de la oposición y otros representantes de la sociedad civil.
También están de acuerdo en la relevancia de constituir un servicio profesional de carrera dentro de la futura fiscalía para que los demás nombramientos se celebren a partir de criterios no partidarios ni esencialmente políticos, sino conforme las capacidades técnicas y las garantías éticas.
Se concluyó crear una mesa de diálogo para discutir la próxima elección del fiscal general de la República y el modelo de la Fiscalía.
En una nota de prensa, el colectivo informó:
“Como resultado de la reunión se acordó establecer una mesa de trabajo para intercambiar puntos de vista acerca del modelo de procuración de justicia en el que se inscribe la nueva Fiscalía General”
