‘No son 30 pesos, son 30 años’: ¿Qué está pasando en Chile?

Los golpes metálicos de las cacerolas inundan toda la avenida Alameda, en el centro de Santiago de Chile. Otro día más, ya casi dos semanas de protestas que han escalado y un gobierno que ha respondido con más y más policías y militares en las calles para frenar esas cacerolas, esos manifestantes que, como ha ocurrido desde el 2006, salen a las calles de Chile a exigirle, a su parecer, lo mínimo a un gobierno cada vez más alejado de su cotidianeidad: dignidad.

Todo comenzó con un aumento de 30 pesos chilenos en las horas pico del metro de Santiago. Valorado, junto con el de la Ciudad de México, como uno de los más eficientes y ordenados del mundo, pero también como uno de los más caros de la región (y el más caro en relación con el salario base de la mayoría de los santiaguinos), el anuncio de que en las horas de mayor afluencia costaría más generó una primera ola de protestas.

Miles de estudiantes de secundaria y bachillerato brincaron torniquetes y comenzaron con ello un movimiento orgánico que, a decir de muchos analistas, suma una larga lista de injurias, frustración y enojo con la clase política chilena.

Se decretó un toque de queda en diez de las dieciséis regiones que componen a Chile (algo que no pasaba desde la dictadura pinochetista) y el presidente Piñera volcó cada vez más militares y carabineros para confrontar a las multitudes en las calles. Con once muertos, alrededor de mil quinientos detenidos y un número indeterminado de heridos, ¿qué está pasando en Chile que parece que todo el país está en llamas?

Chile: el experimento y el oasis fallidos

Las protestas en Chile comenzaron, casi como un chiste, a los pocos días de que Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos del país y presidente en su segundo periodo, dijera que Chile era un “oasis” en medio de las convulsiones de la América andina.

Y, hasta el momento en el que lo dijo, en cierta medida era cierto: las protestas lideradas por indígenas en Ecuador forzaron a su contraparte, Lenin Moreno, a mover la capital del gobierno a Guayaquil y, finalmente, cedió ante la presión de una protesta organizada; Perú sufre aún una crisis constitucional tras la disolución del congreso y las constantes investigaciones por corrupción a todos y cada uno de sus expresidentes modernos, y, en Bolivia, las cercanas elecciones que podrían garantizar un cuarto mandato a Evo Morales tienen al país en una tensa calma que podría estallar en cualquier minuto. (Vía: El País)

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Con uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina, una creciente clase media y una democracia en constante inflexión entre centro izquierda (Bachelet) y derecha (Piñera) los últimos años, parecería que en realidad Chile sí era un oasis de tranquilidad y estabilidad económica y política en la región. (Vía: Banco Mundial)

Pero, como han demostrado las protestas, la estabilidad y las estadísticas macroeconómicas no significan lo mismo para todos los chilenos; para miles que protestan en las calles o que apoyan las movilizaciones, la macroeconomía chilena ha venido a costa de su propio futuro, de su bienestar y del costo de vida. En Santiago de Chile, capital del país, los costos de vivienda se han incrementado un 150% en los últimos diez años, mientras que el salario solo ha subido 25%. (Vía: BBC)

La constante crisis en el sistema de pensiones, la privatización del agua, los escándalos de corrupción, los altos costos de vida y el sistema de salud del país, todo forma parte de una protesta que comenzó con un aumento de 30 pesos al metro de Santiago.

Parte de los problemas con los que se enfrenta Chile hoy fueron heredados no del gobierno de Michel Bachelet ni de Ricardo Lagos, sino de la transición a la democracia en 1988, luego de la dictadura pinochetista: múltiples programas e instituciones chilenas no han sido revisadas, a pesar de las promesas de campaña hechas por cada uno de los presidentes.

En no pocas ocasiones se ha mencionado cómo Chile durante la dictadura pinochetista funcionó como un laboratorio para las políticas neoliberales que impondrían ya en sus países los gobiernos estadounidense (con Reagan) e inglés (con Margaret Thatcher): la reducción del Estado a su mínima expresión, la ampliación de legislación que facilite el libre mercado y la intervención del sector privado en puntos torales del Estado como la salud y las pensiones. (Vía: Barder, “American Hegemony comes home”)

Particularmente esos dos elementos, las pensiones (administradas por empresas privadas a través de Administradoras de Fondos de Pensiones [AFP]) y el sistema de salud son materias pendientes que, hoy, están reventando en gritos y caserolazos en las calles de Chile.

Criminalización de la protesta y la violencia del Estado

Desde los primeros días de las protestas, usuarios de redes sociales han vertido cientos (si no es que miles) de videos que retratan abuso policial, uso de armas ilegales contra manifestantes desarmados y que a miles les recuerdan una época que la mayoría de quienes están en las calles no vivieron: la dictadura.

Lucía Damment, en entrevista con El País, señalaba que esta generación de jóvenes chilenos, de menos de 30 años, tiene una fácil propensión a la violencia, pues “desesperanzados, sienten que no tienen nada que perder, por lo que sus reclamos fácilmente pueden llegar a la violencia”.

Sin embargo, de acuerdo a lo registrado en redes sociales, en la mayoría de los enfrentamientos entre carabineros y soldados y los contingentes de protesta son las fuerzas del Estado las primeras en lanzar ataques contra la multitud.

Por una semana, los jóvenes se centraron en “evadir” (como le dicen en Santiago a pasarse el torniquete) las cuotas del metro de Santiago, pero las marchas y protestas comenzaron a aparecer por todo el país, cada vez más articuladas, con cada vez más objetivos y ampliando las denuncias y exigencias al gobierno.

Para el sábado 19 de octubre de 2019, cuando Piñera por fin diera un paso atrás en el aumento de la tarifa del metro, la protesta hacía mucho que había dejado de tratarse de treinta pesos: sindicatos de estibadores, transportistas, mineros, trabajadores portuarios, maestros y organizaciones estudiantiles y feministas se sumaron y comenzó a registrarse múltiples actos violentos: se incendiaron trenes del metro, autobuses, monumentos, supermercados y escuelas.

Incluso la noche del 18 de octubre de 2019, un edificio de la compañía eléctrica chilena Enel, en Santiago, se incendió, de acuerdo a un comunicado de la empresa, de forma intencional, en medio de protestas en las calles. (Vía: Clarín)

Los señalamientos de violencia y agresiones han sido una constante contra quienes protestan por todo el país. Medios locales y el discurso oficialista insiste en que estas manifestaciones se tratan de planes organizados para desestabilizar a Chile y no tienen sentido en un país democrático, dicen.

El sábado 19 de octubre de 2019, Piñera declaró un toque de queda para dos provincias: Santiago y Chabuco, además, entregó el control de la ciudad al Ejército chileno. En conferencia de prensa y rodeado de militares en fatigas de campaña, el mensaje del presidente fue una clara escalación en el discurso de confrontación para muchos:

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nadie ni a nada y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor de los daños posibles”. (Vía: DW)

Este discurso y el marco en el que lo dio, recordó a muchos a la forma como Augusto Pinochet y los dictadores sudamericanos justificaban cualquier atropello contra la población: la lucha contra un enemigo invisible, colectivo y voraz cuyo único objetivo y su única razón de ser es destruir al país. (Vía: Jacobin)

https://twitter.com/Ejercito_Chile/status/1186006909654065153

Conforme han avanzado los días, a Santiago y Chabuco se le agregaron varias ciudades en toque de queda en al menos otras ocho regiones, las más importantes son Concepción y Valparaíso, donde los enfrentamientos entre soldados apertrechados con metralletas y tanquetas antiminas se están convirtiendo en lo normal.

https://twitter.com/stfhnia/status/1186276881550712832?s=19

Los toques de queda no han servido para frenar las protestas y solo han añadido enojo y frustración a una situación de por sí volátil y sin certeza de qué pueda pasar.

De acuerdo a un estimado del mismo gobierno, en las manifestaciones se ha registrado la muerte de once personas, alrededor de mil quinientos detenidos y un número indeterminado de heridos.

La protesta nunca es por una sola cosa

Estas últimas semanas han estallado múltiples protestas sociales por todo el mundo: desde Chile hasta Ecuador, Francia, Cataluña, Grecia, Líbano y Siria. Cada una tiene un contexto propio y no es posible ligarlas causalmente. Sin embargo, en el seno de cada una hay una demanda clara por un cambio.

Joshua Clover, en Riot.Strike.Riot, narra cómo las protestas contemporáneas tienen una relación tensa en su interior entre la negociación con el status quo (es decir, la resolución pacífica y específica de una demanda) y la radicalización (en el sentido etimológico del término), que suma causas, denuncias, demandas y discursos a su cuerpo político.

La protesta actual no es ya como la de la primavera de los sesenta, con pliegos petitorios, discusiones teóricas y planes de acción determinados, sino orgánicas, nacidas, como señaló Damment, de una incertidumbre extrema por lo que pueda pasar mañana: sin pensiones, sin certeza de que el planeta siga siendo habitable en cincuenta años, los planes para mejorar el mundo, nuestro país o, por lo menos, nuestra propia vida diaria no pueden esperar para mañana.