Por más de diez días, las calles de Quito, capital nacional de Ecuador, se llenaron de mujeres indígenas en vestidos de gala, de grupos organizados de hombres con tocados y pintura de guerra y barricadas en las principales calles del centro de la ciudad. A pocos metros, siempre atentos, siempre alejados, siempre dispuestos a golpear, filas siempre uniformes de policías con corazas antimotines, con tanquetas al fondo, con escudos.
Por más de diez días, las calles de Quito no eran sino otro campo de batalla más en un enfrentamiento histórico en uno de los países con mayor población indígena de Latinoamérica (alrededor del 40% de su población, de acuerdo al censo del 2010).
¿Qué está pasando en Ecuador? (Tuit: @DavidDiazArcos1/Twitter)
En medio de las protestas del domingo 13 de octubre, el fotógrafo David Díaz Arcos captó la imagen que ha resumido para muchos la crisis política ecuatoriana: una mujer desarmada, vestida de gala, con un cubrebocas que no sirve de mucho contra la nube de gas lacrimógeno que la persigue. Enmarcada por otras muchas mujeres embozadas para proteger su identidad y su rostro de la policía, los gases y las amenazas.
El gobierno de Lenin Moreno insiste que los levantamientos y la movilización de miles de personas fue una operación organizada por su antecesor, Rafael Correa, y Nicolás Maduro. Lo que empezó como una protesta urbana contra medidas de austeridad impuestas por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtió en un movimiento indígena que, por todo el país, puso en crisis la estabilidad de Ecuador.
Deudas, austeridad y el FMI
Para marzo del 2019 (último mes con cifras públicas), Ecuador tenía una deuda pública de más de 51 mil millones de dólares y una externa de 37 mil millones de dólares. Como reportan sus mismos datos oficiales, en diez años la deuda se multiplicó cinco veces y las instituciones financieras internacionales tenían reparos para facilitar más préstamos al país andino.
Ya en 2017, el gobierno de Moreno sabía que se enfrentaría eventualmente a una situación difícil, sin embargo, entonces negó la aplicación de medidas impositivas que afectaran “a los más pobres”, como dijera en su mensaje a la nación.
A finales de septiembre de este año, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de 4 mil 200 millones de dólares, siempre y cuando el gobierno de Lenin Moreno ejecutara una serie de medidas de austeridad para garantizar el pago.
Entre estas medidas, se encontraba un recorte de 20% a los salarios de contratistas temporales del gobierno, recortes de 30 a 15 días de vacaciones para los trabajadores estatales, el depósito de un día de sueldo a las arcas nacionales al mes y la eliminación de un subsidio a las gasolinas que existía desde hace 40 años. Todo esto se emitió en un decreto ejecutivo: el 883.
Casi de forma automática, los costos de vida de la población general se vio afectada al aumentar el precio de la gasolina un 30% y el diesel en 120%: se duplicaron costos de transporte y alimentos y, de acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), de haberse aplicado por más tiempo, 300 mil ecuatorianos (el 2% de la población) hubieran caído en pobreza.
Lo que comenzó como protestas focales de transportistas y estudiantes el 1 de octubre, cuando se anunció la aplicación de estas medidas, prontamente desencadenó todo un movimiento que forzó a Lenin Moreno a trasladar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, primero, y a revocar las medidas de austeridad, luego.
La presión social, por un lado, la grave deuda ecuatoriana y las medidas que impulsa el FMI, por el otro, tienen al gobierno de Moreno en una encrucijada que podría ser irresoluble para un país que está en crisis social y económica constante.
La frágil legitimidad de Lenin Moreno
Si bien Lenin Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa por casi siete años y uno de sus más cercanos aliados, hoy son enemigos políticos jurados. Moreno acusa a Correa de ser una de las mentes detrás de la crisis y quien organiza la oposición a su gobierno desde su exilio autoimpuesto en Bélgica.
Durante los catorce días de protestas, una consigna constante fue “Lenin traidor”, pues consideran que Moreno llegó a la presidencia bajo la sombra de Correa pero no solo se distanció de su antecesor, sino que está trabajando activamente para desarticular las políticas sociales y “progreso” logrado durante los diez años de correísmo. (Vía: El País)
La distancia entre los dos ha sido evidente desde el comienzo del mandato de Moreno y, mientras a Correa se le acumulan investigaciones por presunto desvío de recursos y tráfico de influencias, Moreno se enfrenta con un país que no confía en sus decisiones y se organiza para forzarlo a dar pasos atrás.
La organización indígena: el protagonista de la crisis
Las organizaciones indígenas ecuatorianas se sumaron a las protestas en Quito con marchas, manifestaciones y caravanas multitudinarias de las provincias hacia la capital. Una de las más importantes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), fue considerada vocera del movimiento y, a representación de una multiplicidad de participantes, fue quien plantó cara y cuerpo frente al gobierno de Lenin Moreno y fue quien escuchó directamente que se anularía el decreto 883.
Como ocurre en cualquier otro país latinoamericano, los pueblos indígenas ecuatorianos no son homogéneos, no tienen identidades unívocas ni motivaciones políticas monolíticas: el gobierno reconoce 14 naciones y 18 pueblos indígenas y el total de la población que es considerada indígena varía: desde el 7% autopercibido en el censo del 2010, hasta el 45% que considera la Conaie.
Sin embargo, en esta ocasión la demanda fue una muy sencilla y, esta sí, unívoca: la cancelación del decreto 883.
Los múltiples enfrentamientos entre la policía antimotines y los manifestantes quedaron grabados en redes sociales y dan testimonio de violencia extrema ejercida contra estudiantes, activistas y población indígena: ocho manifestantes muertos, 1,340 heridos y 1,192 detenidos en catorce días de protestas son evidencia suficiente de una crisis, no solo en las políticas económicas, sino también en el ejercicio de la violencia de Estado. (Vía: Mint Press)
La fotografía de Díaz Arcos, unos días antes de que se sentaran a negociar las organizaciones indígenas y el gobierno central, resume en buena medida el conflicto: fue la protesta en las calles y la organización horizontal de las comunidades indígenas lo que forzó al presidente a aceptar sus condiciones. Lo que nadie sabe, todavía, es qué pueda pasar luego de la cancelación del decreto 883.
¿Y qué pasa ahora?
La negociación entre la Conaie y el gobierno ecuatoriano no hubieran ocurrido sin la intervención de la ONU y la Iglesia Católica, quienes sirvieron de mediadores entre las dos partes y lograron llegar a un acuerdo: la cancelación del decreto 883 el pasado 14 de octubre. (Vía: El Comercio)
Tuit: @Lenin/Twitter
Junto con la cancelación, la Conaie aceptó levantar los bloqueos y manifestaciones en la capital y, lentamente, el país ha regresado a una normalidad trastocada: todavía pende sobre la estabilidad económica del país la deuda multimillonaria heredada del gobierno de Correa y quedó testimonio de la fuerza que todavía tiene la organización indígena en el país.
Moreno prometió que “se expedirá un nuevo decreto que asegure [a los ecuatorianos] que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan”, sin embargo hasta el momento no hay muestras de cómo su gobierno podrá impulsar medidas del FMI sin arriesgar no solo la estabilidad política del Ecuador, sino la estabilidad económica de los ecuatorianos más pobres: mujeres e indígenas.
