Se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan, y en la Ciudad de México la tarde de este lunes 26 de septiembre de 2022 se realizará una marcha para exigir justicia que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, por lo que se instalaron vallas metálicas de más de 3 metros de altura para proteger la fachada de Palacio Nacional por posibles actos de violencia.
Después de que el Gobierno de México presentó un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, varias personas han sido detenidas, entre ellas el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; y el general en retiro, José Rodríguez Pérez; además, varias han sido liberadas.
Paralelismos entre el caso Ayotzinapa y el movimiento del 68
Los normalistas de Ayotzinapa se alistaban para la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que se lleva a cabo cada año en la Ciudad de México, cuando sufrieron las agresiones que culminaron en la desaparición de 43 jóvenes, la muerte de 6 personas, más de 40 heridos, 80 perseguidos y acosados, 30 sobrevivientes de ataques directos y más de 700 víctimas indirectas. Además de esta relación obvia, ¿qué vasos comunicantes hay entre Ayotzinapa y el movimiento del 68?
Una historia de lucha solidaria: el estudiantado organizado
Cada año los estudiantes de las normales rurales de México hacen planes para acudir a la marcha por el aniversario del 2 de octubre en la Ciudad de México: organizan brigadas, forman comisiones y consiguen los medios materiales para llegar a la capital del país. Entre las actividades necesarias para ello están el boteo (recaudar cooperaciones monetarias) y el secuestro de camiones de pasajeros, que los estudiantes justifican por su carencia de recursos materiales.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa salió de las instalaciones de su escuela para hacer sus preparativos. Igual que en ocasiones anteriores, tomaron algunos camiones de pasajeros en la ciudad y los llevaron a la terminal para concluir sus recorridos oficiales. Después de eso, los normalistas harían algunos recorridos planeados. Sin embargo, la situación comenzó a enrarecerse cuando varios grupos policías (de nivel municipal, estatal y federal) atacaron desmedidamente los camiones para impedir su salida de la localidad. El ataque tuvo tales proporciones que incluso agredieron un autobús en el que no iban normalistas, sino un equipo de fútbol adolescente, llamado Los Avispones.
Ese año los normalistas de Ayotzinapa no pudieron asistir a la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco y, sin pensarlo, se revivieron la conciencia social de miles de personas que se solidarizaron con la demanda de su aparición con vida. Las primeras versiones oficiales apuntaron que los jóvenes desaparecidos fueron quemados en el basurero municipal de Cocula. Esta hipótesis estaba basada, principalmente, en declaraciones de presuntos responsables materiales de los hechos, obtenidas bajo tortura.
Ante la negativa de las familias de los 43 estudiantes de aceptar la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República, el gobierno mexicano autorizó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso. En atención a ello, se formó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que revisaran el trabajo de la PGR, registraran todas las irregularidades de la investigación y diseñaran recomendaciones para solucionar las demandas de los padres.
A pesar de la colaboración del GIEI con las autoridades mexicanas, a ocho años de los hechos todavía no hay certeza sobre el destino de los 43 normalistas desaparecidos ni se tiene información definitiva sobre los responsables del brutal ataque.
Manuel Martinez sostiene una pancarta con las fotos de la mayoría de los 43 estudiantes desaparecidos dela escuela rural de Ayotzinapa en Chilpancingo (Foto de Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images).
Semejanzas y diferencias entre el 2 de octubre y Ayotzinapa
Las principales demandas del Movimiento del 68 tenían que ver con el respeto a los derechos humanos de los presos políticos, la desaparición de los cuerpos de represión estatales y el respeto a la autonomía universitaria. El origen del movimiento fue una riña entre distintos grupos estudiantiles que rápidamente escaló a la intervención de cuerpos policiacos y militares en recintos universitarios.
Como todos recordamos, el Movimiento del 68 tuvo un final violento y lamentable: el 2 de octubre el Ejército mexicano, un grupo de choque conocido como Batallón Olimpia y francotiradores apostados en las azoteas de los edificios arrasaron a disparos a las miles de personas reunidas en un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Por su parte, el movimiento de Ayotzinapa tiene como principal consigna la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, que -como los jóvenes de 1968- fueron víctimas del Estado.
Resumiendo, la semejanza principal entre la represión de 1968 y la desaparición forzada de 2014 es la violación de derechos humanos perpetrada por miembros de cuerpos de seguridad.
Sin embargo, la situación y el contexto no son los mismos. En 1968, la población general no tuvo forma de saber exactamente qué pasó la noche de Tlatelolco. A pesar de que hubo grandes esfuerzos por registrar los hechos: fotografías y videos tomados esa misma noche, libros testimoniales, entrevistas e investigaciones, oficialmente se desconoce el número exacto de víctimas mortales. Con el tiempo, se ha ido liberando cada vez más información; sin embargo, ningún agente externo al Estado mexicano ha colaborado para combatir la censura inicial de los acontecimientos y, por lo tanto, nunca se puso en práctica un programa de reparación a las víctimas directas por lo que sufrieron esa noche, ni a las indirectas por sus pérdidas sensibles.
Amigos y gente cercana de los 43 estudiantes desaparecidos esperan por noticias en la escuela rural de Ayotzinapa en Chilpancingo (Foto de Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images).
En contraste, a menos de un año de los hechos de Iguala, el Estado mexicano aceptó la colaboración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aclarar lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014. El 30 de septiembre de 2014, varios centros de defensoría de los derechos humanos en México le solicitaron a la CIDH que brindaran medidas de protección par los 43 estudiantes desaparecidos, para los heridos y para las familias y los sobrevivientes de los ataques. En febrero de 2015 se formó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con la misión de brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas.
De septiembre de 2014 a junio de 2018 han sido elaborados múltiples informes sobre el caso de Ayotzinapa y sobre el fenómeno extendido de la desaparición forzada en México. De tal forma, las familias de los normalistas agredidos han tenido un acompañamiento jurídico, psicológico y social que les ha permitido dimensionar el problema y enunciar sus demandas de justicia, en el marco del derecho internacional. Tras el término de la gestión del GIEI en México, se formó el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) que tiene por objetivo asegurar el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI.
Al cumplirse casi cuatro años de los hechos, el MESA señaló que la desaparición de los estudiantes no ha sido correctamente tipificada como “desaparición forzada” y continúa investigándose como secuestro, por lo que sólo se han detenido a dos personas (presuntos integrantes del grupo de crimen organizado Guerreros Unidos) por los delitos de secuestro y crimen organizado.
En enero de 2015, un alto funcionario de la PGR dio una conferencia de prensa en la que aseguró que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados, tras lo cual sus resto habían sido diseminados en el río san Joaquín. La base de esta versión eran declaraciones de supuestos participantes, obtenidas bajo tortura. Los familiares de los normalistas se mostraron incrédulos a esa versión porque su conocimiento del campo les permitió identificar algunas incongruencias contundentes:
Otros padres que fueron a verificar si en verdad habían sido quemado ahí y ellos dijeron que en medio de donde supuestamente los quemaron hay unas piedras donde se hace la cal y para poder quemado a esos muchachos debieron de haber reventado. Incluso la maleza ya estaba saliendo en poquito tiempo. Todo eso nosotros ya sabíamos por lo que habían ido a ver. También nosotros habíamos preguntado, nos dijo un señor que hace chivo. Dice: “Miren, supuestamente después de que los quemaron los echaron a bolsas, eso es imposible, es imposible —dice—, porque cocer un chivo en un horno tarda 24 horas para enfriarse, y no es posible que de inmediato los hayan echado a bolsas y tirado al río porque las bolsas se hubieran abierto con lo caliente. Igual nosotros como seres humanos tenemos mucho líquido, hubiera escurrido la sangre, hubiera quedado impregnada en la tierra. De tantos cuerpos ahí hubiera echado”. Igual cuando supuestamente dijeron que los habían echado al río en bolsas y que los militares sacaron esas bolsas de ahí, cuando los peritos argentinos llegaron ellos ya los tenían en mesas, ellos no supieron si en verdad los sacaron de ahí o era otro montaje […]
El Dr. José Torero, especialista consultado por el GIEI, determinó después de hacer distintos peritajes, que no existía ninguna evidencia que apoyara la idea de que 43 cuerpos fueron incinerados en el basurero de Cocula. Con la evidencia existente no podía ni siquiera afirmarse que se hubiera hecho una pira para cremar un solo cuerpo en el lugar. Estos análisis fueron reforzados por los estudios de la zona, que realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que en su informe final señala que:
En el sitio del Basurero de Cocula no fueron halladas señales de daño o alteración por la acción del fuego compatible con de exposición a altas temperaturas necesarias para un proceso de quema de 43 cuerpos en la fecha del 26 y 27 de Septiembre de 2014.
La interminable lucha por la verdad
El octavo aniversario de Ayotzinapa y 54 aniversario del 2 de octubre son recordatorios vigentes de que la verdad se escribe de distintas maneras. La resistencia al olvido de la noche de Tlatelolco se relaciona de manera siniestra con la desaparición forzada de los estudiantes de la normal rural de Iguala, Guerrero. Un grupo de jóvenes que no estaban dispuestos a olvidar los hechos de 1968 terminaron conviertiéndose en víctimas del mismo tipo de Estado con el que se disputaban la memoria de Tlatelolco. De esa forma, sus cuerpos (incluso en ausencia) continuaron la escritura de una memoria subversiva y colaborativa. El movimiento ciudadano que siguió a su desaparición trascendió las fronteras de México y destapó ante la vista de todos las corrientes subterráneas que unen la represión oficial con la negligencia de las autoridades. Sin embargo, el caso Ayotzinapa también demostró que las cosas han cambiado: la verdad no es monopolio de nadie y la memoria sigue indomable mientras alguien la enuncie.
La imagen principal es obra de @esepe1
