Familiares de los civiles muertos en una presunta ejecución extrajudicial perpetrada el pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde a las víctimas las vistieron con ropa militar y les pusieron armas, viajaron hoy a Ciudad de México para pedirle a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso. Consideran que en Tamaulipas no hay condiciones para una investigación conforme a derecho.
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Entre los familiares está el tío de una de las tres mujeres asesinadas. Él confirmó que su sobrina, originaria del Estado de México, había llegado tres días antes a Nuevo Laredo, y aseguró que no tenía relación con grupos criminales.
Un escenario dantesco, no sé, ni quiero saber quiénes maquilaron eso, yo conozco a Jennifer, ella no es lo que presentaron, por eso vengo a dar la cara, porque ella no es una persona mala, no es un sicario, no es una persona que pertenezca a las filas del crimen organizado”, dice Aurelio Ramírez Moreno, familiar de Jennifer, víctima de presunta ejecución extrajudicial.
Jennifer Romero López es una de las ocho personas que policías de Tamaulipas habrían presuntamente ejecutaron extrajudicialmente, en compañía de militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 5 de septiembre.
El gobierno de Tamaulipas informó que los ocho ejecutados, entre ellos Jennifer, eran presuntos sicarios del Cártel del Noroeste y que fueron abatidos en un enfrentamiento con policías estatales en la colonia Valles de Anáhuac.
Lo que le pasó a mi sobrina es solamente la punta de un gran iceberg, no sé, ni me interesa saber porque lo hicieron porque nada lo justifica”, sostiene Aurelio, tío de Jennifer.
Jennifer estaba por cumplir 21 años de edad, se acababa de graduar de la preparatoria. Vivía en el Estado de México con sus padres, pero tres días antes de su ejecución viajó a Tamaulipas. Tenía dos meses de embarazo y decidió mudarse a Nuevo Laredo con su novio. Antes de irse visitó a su tío Aurelio, sacerdote de una iglesia anglicana.
Se fue el 2 de septiembre, yo hablé con ella en confesión, el domingo fue a verme porque estaba embarazada y se fue siguiendo al novio, fueron a misa juntos”, recordó Aurelio.
Jennifer no tenía antecedentes penales. El 5 de septiembre, policías de Tamaulipas la llevaron al domicilio en la esquina de la calle 10 y calle 7 del fraccionamiento Valles de Anáhuac, donde minutos más tarde apareció muerta con un disparo en la cabeza y huellas de tortura.
Yo tengo la imagen de mi niña, yo la identifiqué y son imágenes que no se te borran, no solamente fue el impacto de masa encefálica, tan solo de decirlo, lo está viendo mi familia”, lamentó.
Aurelio denuncia que en redes sociales existe una campaña que está criminalizando a las víctimas y que el contenido de estos perfiles falsos pone en riesgo al resto de la familia de Jennifer.
Me parece que es una bajeza que se criminalice a las víctimas, creo que toda persona tiene derecho a la vida, es el primer derecho humano, me parece que es una cobardía, el gobierno tiene que cesar los actos de criminalidad para las víctimas”, reclamó.
Con información de En Punto
LHE
