Escasez de médicos y objeción de conciencia
¿Aceptarías que un médico pudiera decidir, según sus creencias personales, si actúa o no para proteger tu salud?
El 10 de octubre de 2017 la Cámara de Diputados aprobó (313 votos a favor, 26 abstenciones y 105 en contra) algunas modificaciones a la Ley General de Salud con el fin de establecer que los médicos y las enfermeras, afiliados al Sistema Nacional de Salud, puedan negarse a realizar algunos procedimientos y actividades cuando sean contrarias a sus convicciones morales. Los cambios en la ley aseguran que los únicos casos excepcionales serán considerados cuando se trate de una urgencia o cuando la vida del paciente esté en riesgo.
En general, parece una buena idea que nadie deba actuar contra sus parámetros éticos bajo ninguna circunstancia; sin embargo, cuando hay derechos ajenos involucrados esta postura se vuelve problemática. Nadie está obligado a ser médico, pero aquellos que decidieron dedicarse a ello están obligados a poner todo de su parte para mejorar la vida de los demás.
Por lo menos así lo establece la Declaración de Ginebra, que es una actualización del juramento hipocrático (aquel que hacen todos los médicos):
Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad;
otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen;
ejercer mi profesión a conciencia y dignamente;
velar ante todo por la salud de mi paciente;
guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente;
mantener, por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica;
considerar como hermanos y hermanas a mis colegas;
no permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente […]
Facultad de Medicina (Foto: UNAM)
El debate legislativo
La decisión tomada en la Cámara no fue sencilla, la precedió una polémica entre los diputados y un debate en medios de información cuando salió a la luz pública. La discusión contrapuso la objeción de conciencia, como un ejercicio de la libertad de pensamiento, contra el derecho a la no discriminación.
Una diputada del Partido de Acción Nacional (PAN) apoyó la decisión con el argumento de que la vida de los pacientes nunca sería puesta en riesgo y siempre sería la prioridad de las prácticas médicas. El problema es, desde luego, qué pasa si el procedimiento solicitado no tiene como fin salvar la vida del paciente, pero sí proteger sus intereses más personales. A esta postura se sumaron diputados del Partido Encuentro Social (PES), del Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que añadieron la necesidad de cubrir un vació legal en las leyes mexicanas sobre el tema de la objeción de conciencia, contemplado en tratados internacionales de derechos humanos.
Cámara de Diputados. (Twitter @CanalCongreso, archivo)
Entre los detractores, una diputada de Nueva Alianza (NA) subrayó que esta decisión pone en riesgo la salud de miles de personas, debido a que el ejercicio de la medicina no se puede basar en valoraciones morales subjetivas y a que no hay suficiente personal médico en las instancias públicas de salud para cubrir a los médicos objetores que se nieguen a realizar ciertas prácticas.
Una diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) argumentó que este dictamen pone en riesgo a las mujeres que quieran practicarse un aborto, debido a que podrían sufrir discriminación. En este sentido, se sumó también un diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y señaló el riesgo de:
“transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria, lo que traería un retroceso a la medicina”.
Mujeres mexicanas protestando contra la violencia contra las mujeres (AP Photo/Eduardo Verdugo)
Diputados del PAN y el PRI llamaron a la concordia y aseguraron que es posible que en un mismo sistema legal médico convivan la objeción de conciencia y el derecho a la interrupción del embarazo. Para muestra, un botón: en 2004, en el Distrito Federal se hizo una reforma local a la ley de salud de la entidad acerca de la objeción de conciencia, que protegía el derecho de los médicos a negarse a hacer procedimientos que fueran en contra de su moral y, a la vez, obligaba a los hospitales públicos “a contar con personal no objetor de forma permanente”. ¿Hacer esto es posible a nivel nacional?
El derecho de las mujeres a recibir atención médica
En la Ley General de Salud de México está estipulado que todos y todas las ciudadanas del país tienen el derecho a la protección de su salud y que la Federación se compromete a disponer todo lo necesario para que así sea. En la constitución vigente también está dicho que tenemos derecho a la libertad de nuestras creencias, entre las que se incluyen las religiosas y, por extensión, las morales.
El debate sobre la obligación de los doctores públicos no es menor: de un lado tenemos el derecho a recibir atención médica y, del otro, el de realizar nuestras prácticas profesionales según las medidas de nuestra voluntad. ¿Cuál debería ser la prioridad?
Según el cardiólogo Patricio Santillán, miembro del Colegio de Bioética, la objeción de conciencia afecta principalmente a los grupos que ya, de por sí, sufren algún tipo de discriminación y que viven en una situación de vulnerabilidad: niños, mujeres, indígenas, discapacitados, personas que viven en la pobreza, y personas de la comunidad LGBTTTIQ.
20, Octubre, 2016. Mujeres trans salen a protestar contra la violencia que hay en México contra las personas transexuales. En América Latina, el promedio de vida de una persona trans es 35 años, la razón es que son asesinadas. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia. Esta protesta fue después de una serie de transfeminicidios en la CDMX. (AP Photo/Eduardo Verdugo)
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Si atendemos al problema ético, sería difícil en abstracto medir en una balanza cuál derecho vale más. Sin embargo, el problema se vuelve urgente cuando consideramos su materialidad: ¿hay suficientes médicos disponibles en el sistema público de salud para volver opcionales ciertas prácticas médicas?
Pongamos por ejemplo que una mujer se entera que tiene un mes de embarazo y quiere suspenderlo porque no desea concluir con él. Del cumplimiento de su deseo dependen su salud mental y emocional. Por ley, ella debería acceder a los servicios necesarios para cumplirlo. Supongamos que en la clínica de salud que le corresponde, los médicos autorizados a realizar ese tipo de procedimiento se niegan a ello por objeción de conciencia. Si no hay al menos un especialista que esté dispuesto a practicar un aborto en cada clínica de salud pública, un derecho humano fundamental de las mujeres estaría en riesgo.
En México hay 1.8 médicos por cada mil habitantes. Esa cifra no cumple ni siquiera con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda que haya mínimo 2.3 médicos por cada millar de personas. A este problema de escasez se suma otro de distribución. Estos datos son relevantes porque, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es un problema que atenta directamente contra la salud de las mujeres y los niños:
Los países que no superan el mencionado umbral tienen dificultades para prestar una asistencia cualificada al parto de numerosas mujeres, así como servicios de emergencia y especializados a los recién nacidos y a los niños pequeños. Esto repercute directamente en la mortalidad de las mujeres y los niños.
En 2016, en México, médicos salieron a protestar por la falta de recursos para poder realizar su labor. (Foto: Archivo)
En un país en que la vida de las mujeres ya corre riesgos considerables por la falta de atención médica, sería perjudicial reducir aún más el espectro de médicos dispuestos a atender necesidades médicas exclusivas de las mujeres, como el aborto o la reproducción asistida.
La precariedad del sistema público de salud ha causado estragos también para el resto de la población. En 2016, una ola de protestas organizadas por el personal de salud de hospitales y clínicas dependientes del Estado, reclamaron la falta de recursos suficientes para llevar a cabo su labor. De acuerdo con una investigación de Animal Político ese mismo año:
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) recibió un promedio 17 mil inconformidades de pacientes al año -47 al día-. Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recabó en los últimos tres años más de 8 mil quejas por malas prácticas médicas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE y la Secretaría de Salud.
Quizás la objeción de conciencia es un derecho que, para cumplirse, requiere de la resolución de problemas materiales de los que depende ese tipo de ejercicio. Sin médicos ni materiales suficientes, ¿cómo podríamos considerar opcional la atención de los pacientes, incluso si su vida no está en riesgo?
