Seguramente has escuchado hablar del delito de desaparición forzada, particularmente si vives en México o en América Latina; en donde estos casos se han repetido numerosas veces, especialmente en la segunda mitad del siglo XX; pero recobró especial notoriedad en México a partir del caso de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Pero, ¿realmente sabemos a qué se refiere este delito y cuáles son sus alcances?, ¿Qué puede calificar como desaparición forzada y qué no?
¿Qué es?
Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de Naciones Unidas, el delito de desaparición forzada es el siguiente:
“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
En otras palabras, la desaparición forzada sucede cuando una autoridad del Estado priva de la libertad a un ciudadano. Los funcionarios involucrados pueden ser un policía, un miembro del ejército o civiles bajo las órdenes de cualquier funcionario público como un Secretario de Estado, un gobernador, un presidente municipal, o el mismo Presidente de la República. Es decir, no importa si los que llevaron a cabo la desaparición fueron miembros del llamado “crimen organizado” o civiles; si actúan bajo las órdenes de un funcionario público, entonces se trata de una desaparición forzada.
Ahora bien, si te detiene un policía y te lleva al ministerio público, entonces no se trata de desaparición forzada. Este delito sólo se comete cuando, después de la privación de la libertad, los agentes del estado se niegan a dar parte de tu paradero, o simplemente no te presentaron ante las autoridades correspondientes cuando debían de hacerlo.
¿Por qué existe?
Esta práctica se volvió común en América Latina a partir de los años sesenta, con los gobiernos militares de distintos países. Por ejemplo, en Brasil, a partir del golpe militar de 1964, que se encargó de “eliminar” a la oposición con cuerpos policiacos, del ejército y paramilitares. Esta estrategia partía de privar de la libertad arbitrariamente a los que eran señalados como disidentes, generalmente se les torturaba y asesinaba, para más tarde levantarles actas de defunción falsas.
Otro de los países que padeció agudamente este delito fue Argentina, a partir de 1973, y especialmente en la dictadura militar que corrió de 1976 a 1983. La estrategia fue anunciada en 1975 por el general golpista Videla, quien declaró: “…morirán tantos argentinos como sea necesario a fin de preservar el orden”. Se calcula que en ese periodo se desaparecieron cerca de 30 mil personas.
México no ha estado exento de este delito, a pesar de que no tuvo una dictadura militar en la segunda mitad del siglo XX. En este país, las denuncias sobre este delito se empezaron a multiplicar desde los años 90, aunque cuentan con el antecedente de la llamada “Guerra sucia” de los setentas. Desde entonces, numerosos activistas y defensores de los derechos humanos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, principalmente, han sido sustraídos de sus comunidades y sus familias sin que se sepa cuál es su paradero.
Adicionalmente, se ha señalado el problema de desaparición forzada en otros países como Colombia, Chile, Guatemala, El Salvador, Uruguay, España, Argelia, entre muchos otros.
Familiares de desaparecidos durante la “Guerra Sucia” en Mexico. 4 de Abril 4 del 2006. La protesta es en contra de la decisión del Gobierno en turno de cerrar la oficina especializada en investigar los crímenes del pasado. (AP Photo/Eduardo Verdugo)
¿Por qué se comete este delito?
La idea detrás de la desaparición forzada es privar a los ciudadanos de la protección de la ley. Es decir, no sólo se trata de detenerlos, sino también de dejarlos desamparados, sin protección, ante la violencia del Estado. Si bien es cierto que los estados modernos cuentan con leyes que hacen posible la privación de la libertad porque se ha cometido un delito, todos ellos cuentan con reglas claras de cómo se debe de llevar a cabo el arresto.
Cuando las reglas no se cumplen, la ley desaparece. Es como si de pronto los “desaparecidos” dejaran de ser ciudadanos, dejaran de tener derechos. Desaparecer a una persona significa negarle sus derechos más fundamentales. Por eso, sólo los gobiernos pueden cometer este delito.
¿Por qué es diferente a un secuestro?
Materialmente, la desaparición forzada y el secuestro son lo mismo. Una persona o un grupo de personas privan ilegalmente de la libertad a alguien más. Sin embargo, existen dos diferencias clave:
- En el secuestro, quienes actúan son particulares. Es decir, no son funcionarios públicos. En la desaparición forzada intervienen fuerzas del Estado de cualquier nivel. Desde cuerpos de seguridad, hasta funcionarios públicos de “escritorio”. No importa si los que privaron de la libertad no sean agentes del estado, sigue siendo desaparición forzada si actúan bajo la autorización o el apoyo de cualquier instancia gubernamental.
- El secuestro generalmente tiene como objetivo obtener “algo” a cambio. Ya sean bienes materiales o cualquier otra cosa. En cambio, en la desaparición forzada, la privación de la libertad es el fin en sí mismo. En otras palabras, el principal objetivo es justamente “desaparecer” a las personas, lo cual implica que quedan aisladas de la ley.
Si encuentran a la víctima en buenas condiciones, ¿se anula el delito?
No, no se anula. Generalmente la desaparición forzada la padecen activistas, opositores o personas que “incomodan” a los gobiernos; pero no siempre se da por motivos políticos. También es delito de desaparición forzada si un policía detiene a un ciudadano por motivos personales, por ejemplo, o si se detiene a alguien que cometió un crimen, pero no se le presenta ante las instancias correspondientes.
La tortura y el asesinato son agravantes de este delito. Pero, si una persona desaparecida aparece después de un tiempo, y no fue torturada; de todas maneras el delito se tiene que perseguir; porque se aisló a la persona de sus derechos. No hay límite de tiempo establecido para este delito, es decir, no importa si la persona permaneció desaparecida muchos años o pocas horas.
Indígenas tzotziles. 28 de Agosto, 2001. El letrero dice “Retornan Víctimas de la Guerra Sucia”. (AP Photo/John Moore)
¿En México se persigue este delito?
Sí. Una reforma reciente ratifica lo establecido en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Además de que el Código Penal se reformó para que quien cometa este delito pase entre 40 y 60 años de prisión, sin derecho amnistía o indulto. La ley también establece que el funcionario público responsable será removido de su cargo.
La ley existe. Pero es importante insistir en la voluntad política para perseguir un delito como este. Una de las principales dificultades es que, para perseguir este delito, es el propio Estado el que se persigue a sí mismo (específicamente, a alguna de sus instancias).
Cifras de desaparición forzada en México
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el 2016 marcaba un total de 30 mil 499 casos de personas desaparecidas en México. En años recientes, la posibilidad de obtener justicia para estas personas es muy baja. Entre 2014 y 2015 sólo se iniciaron 127 averiguaciones, de las cuales se desconoce la cifra de casos resueltos conforme a la ley.
