CHARLOTTE, Estados Unidos, 22 jun.- Thomas D. Schroeder, alguacil de Carolina del Norte, deberá defenderse de las acusaciones del Gobierno federal de incurrir en violación de derechos constitucionales de residentes hispanos en un juicio que comenzará en el mes de agosto.
El juez de distrito Thomas D. Schroeder determinó que procede el juicio civil contra el alguacil Terry S. Johnson, del condado Alamance, al norte del estado, luego de que las partes no llegaran a un acuerdo, según informaron hoy medios locales.
El Departamento de Justicia (DOJ) demandó al alguacil el pasado mes de diciembre de 2012, al cabo de una investigación de dos años y tras recibir una serie de denuncias según las cuales los efectivos policiales discriminaban de manera intencional a los hispanos residentes de este condado.
Entre las prácticas denunciadas destacan la instalación de retenes de control de tránsito en zonas habitadas por latinos, arrestos de miembros de la comunidad hispana en vez de emitir una citación en comparación, y el uso en comunicaciones internas de vocabulario denigrante para referirse a los migrantes.
En la cárcel de Alamance operaba desde 2007 el programa de identificación de indocumentados 287 g, utilizado por los agentes para iniciar procesos de deportación de migrantes que eran detenidos por delitos menores, como manejar sin licencia de conducir.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) suspendió a finales de 2012 la aplicación del 287g en Alamance y restringió a su vez el uso del programa Comunidades Seguras, que también indaga en el estatus migratorio de los detenidos.
El abogado del condado Alamance, Clyde Albright, comentó a la prensa que el DOJ “no realizó algún esfuerzo para participar de buena fe en la mediación de la disputa contra el alguacil”.
Según Albright, el Gobierno federal “no aceptaría nada salvo que Johnson admita su culpa, y que el departamento se someta a una continua inspección de sus actividades y prácticas”.
Johnson, un popular alguacil republicano que ha tildado a los hispanos de “comedores de tacos”, “bebedores de licor”, y “usar drogas y hacer prostitución”, ha negado las acusaciones desde el inicio.
El alguacil, que buscará la reelección el próximo mes de noviembre en un distrito de mayoría conservadora, ha catalogado la demanda de “movida política” originada por su postura contra los migrantes indocumentados.
