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Imagen del video donde René Bejarano recibe dinero en un acto de corrupción grabado.

Las armas del poder político

Corrupción, violencia y otros abusos de poder

En su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó como principales fuentes de la violencia a los actores estatales y al crimen organizado. Esto implica un grave problema de corrupción y abusos de poder, en un contexto de militarización y debilitamiento institucional.


26 mil 798 personas desaparecidas hasta septiembre de 2015 y 102 mil 696 homicidios intencionales entre 2006 y 2012

De acuerdo con sondeos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2014, 26.4% de la población mexicana identificó la corrupción como uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la corrupción es un fenómeno complejo social, político y económico que “perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política”. Este conflicto severo debilita la legitimidad de las instituciones encargadas de impartir justicia y organizar a la sociedad.

Jorge Emilio González habla durante una conferencia. Esto después del escándalo del video donde se le ve negociando un permiso por 2 millones de dólares.
Jorge Emilio González habla durante una conferencia. Esto después del escándalo del video donde se le ve negociando un permiso por 2 millones de dólares. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Jorge Emilio González habla durante una conferencia. Esto después del escándalo del video donde se le ve negociando un permiso por 2 millones de dólares. (AP Photo/Jose Luis Magana)

En un país donde existe un grave problema de corrupción (incluidos soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público), todas las instancias, encargadas de observar el estado de derecho y de ejecutar las leyes, se debilitan. Dentro de un contexto tal, los abusos de poder se vuelven mecanismos comunes de acción.

En el Código Penal Federal, el artículo 125 del capítulo III, penaliza una serie de prácticas antiprofesionales de servidores públicos bajo el rubro de abuso de autoridad. Este tipo de delito se comete cuando, por ejemplo, se impide la ejecución de una ley, decreto o reglamento, con el auxilio de la fuerza pública; cuando se retarda o niega a los particulares la protección o servicio que es obligatorio otorgarles; cuando en el ejercicio de sus funciones se violenta a una persona sin causa legítima o cuando se recibe como presa, detenida, arrestada o interna a una persona sin los requisitos legales correspondientes.

Un marino mexicano le pega a un migrante centroamericano.
Un marino mexicano le pega a un migrante centroamericano. (AP Photo)

Un marino mexicano le pega a un migrante centroamericano. (AP Photo)

El equipo de Punto de Partida ha investigado alrededor de casos paradigmáticos en los que las acciones de funcionarios públicos y miembros de seguridad sobrepasan límites establecidos. Los abusos de poder y la corrupción son dos de los principales problemas de México, que se agravaron desde el recrudecimiento de la violencia.

En el contexto de la guerra para desmantelar redes de crimen organizado, se ha registrado vinculación entre diversas autoridades (a nivel federal, estatal y municipal) y perpetradores de graves violaciones a derechos humanos.

Algunos ejemplos clave de esta situación son la desaparición forzada de 43 normalistas en el estado de Guerrero, en 2014, y las diversas ejecuciones injustificadas hechas por miembros del ejército nacional en Sinaloa, ocurridas durante 2008. La violencia alcanzada en algunos lugares del norte del país ha llevado a alcaldes locales (como Mauricio Fernández, de Monterrey) a mostrarse dispuestos a pasar por encima de la ley para controlar la situación. Ese mismo ejercicio desmedido de poder permite prácticas corruptas y desviación de fondos públicos, como presuntamente ocurrió en San Blas, Nayarit. En casos límite, la sociedad misma ha decidido enfrentar a las fuerzas de seguridad, como sucedió en Tláhuac en 2004 o en Atenco en 2006.

 

Límites difusos: Ayotzinapa y Badiraguato

Las víctimas de la desaparición forzada no son sólo las personas desaparecidas (a quienes se les suprimen derechos fundamentales como el derecho a la libertad, a la dignidad y a la seguridad); sino también sus familiares, que viven en un estado de angustia, sufrimiento, incertidumbre y miedo tras la desaparición de su ser querido. Tales condiciones de vida son consideradas una forma de tortura piscológica, que conlleva tratos crueles e inhumanos.


180 víctimas directas y hasta cerca de 700 familiares afectados.

Desde esta perspectiva, la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, no sólo violenta a las personas directamente agredidas, sino también a sus familiares y seres queridos. La desaparición forzada implica una violación múltiple y compleja de derechos humanos. Además, se trata de una violación continua, debido a que el crimen se actualiza en todo momento, hasta que la víctima reaparece.

Los reporteros Vanesa Job y Abraham Tinoco hicieron un trabajo de investigación para dar voz a la experiencia de familiares de los normalistas desaparecidos: Julio César López Patolzin, Cutberto Ortiz Ramos y Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa; de los padres de Aldo Gutiérrez, estudiante gravemente herido que continúa en estado de coma; y de la familia del estudiante ejecutado a quemarropa, Julio César Ramírez Nava.

La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. (Desapariciones forzadas o involuntarias).

Uno de los primeros en ser señalados como responsable de lo que sucedió la noche de Iguala fue, desde luego, el presidente municipal que regía en ese momento la localidad: José Luis Abarca. Sin embargo, a pocos días de los hechos, el 30 de septiembre de 2014, Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, se presentaron en la alcaldía para pedir licencia al cargo de la presidencia municipal y huyeron diez minutos antes de que la policía arribara al lugar.

Después de un largo periodo de búsqueda y persecución, la detención de los Abarca tuvo lugar hasta el martes 4 de noviembre de 2014 en una colonia de Iztapalapa, Ciudad de México. Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad perpetrados el 26 de septiembre no fueron la única razón para exigir justicia. Las denuncias y quejas por su mala administración existían desde (por lo menos) el 2013, año en que Arturo Hernández Cardona, líder campesino de la región, fue asesinado junto con otros dos compañeros, tras exigirle abiertamente tanto al alcalde como al presidente municipal la resolución de problemas locales. A pesar de su gravedad, este caso no es único: en total había más de cuarenta quejas contra la presidencia municipal durante la administración de Abarca.


La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero documentó 42 quejas en contra de la policía de Iguala entre 2012 y 2014.

Los excesos de la pareja municipal de los Abarca no se reducen sólo al orden de lo policial sino que abarcan también el administrativo: existen pruebas documentales de gastos injustificados en artículos de uso personal del presidente municipal y su esposa. Aunque había registro de este tipo de prácticas, las autoridades no actuaron en consecuencia debido al fuero constitucional con el que contaba el funcionario público.

Desde 2013 se denunciaron abusos de parte de su policía municipal [de José Luis Abarca] Decenas de líderes sociales fueron víctimas de los policías en Iguala. Según la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero, más de 30 integrantes de su agrupación fueron acosados en los 3 retenes que instalaba la corporación municipal.

La noche del miércoles 26 de marzo de 2008, unos militares dispararon contra una camioneta en la que viajaban seis hombres, en Santiago de los Caballeros, localidad del municipio de Badiraguato, Sinaloa. El resultado de este ataque fue la muerte de cuatro pasajeros y la detención arbitraria de los sobrevivientes. La reportera Miriam Moreno viajó al lugar de los hechos para recoger la experiencia de los testigos y sobrevivientes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó un informe de la situación para determinar el nivel de daño sufrido por las víctimas, en manos de las autoridades militares. Como conclusión del estudio, la CNDH determinó que “los elementos militares involucrados incurrieron en uso excesivo de las armas de fuego y detención arbitraria”, en perjuicio del derecho a la vida y la integridad física de los hombres agredidos. Asimismo, en estos hechos se anularon el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica.


Por cada civil muerto de manera colateral en un tiroteo del ejército, la institución otorga 147 mil pesos a sus familiares como reparación del daño.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó su responsabilidad en los hechos e inició un proceso de reparación de los daños, que consistió en el pago de una indemnización a la persona lesionada y a los familiares de los ejecutados. Sin embargo, la Comisión recomendó a la Sedena pagar por los daños hechos a la camioneta en que viajaban los pasajeros y encargarse de los gastos médicos y psicológicos que la agresión haya causado en sobrevivientes y familiares.

 “Ellos ya sepultaron a sus muertos […]. En un acto de repudio por su muerte, familiares y amigos llevaron sus cuerpos a la zona militar no. 9, en donde dejaron un documento reclamando justicia y la reparación del daño. El cortejo fúnebre se convirtió en una manifestación que paralizó las calles”. 

Los atributos del poder: San Pedro Garza y San Blas

Denise Maerker entrevistó a Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza, ubicado en Nuevo León. El municipio más rico de México y uno de los más opulentos en América Latina. En la mansión donde tuvo lugar la entrevista, el empresario millonario tiene como adorno las cabezas de un tiranosaurio rex y un triceratops en su estancia. Dentro de su colección de objetos está también una espada que perteneció a Hernán Cortés y un techo de almagro del siglo XVI recubre su sala de estar.

Mauricio Fernández fue presidente municipal en 1989 y 2009. Su administración actual comenzó el 1 de noviembre de 2015 y finalizará el 31 de octubre de 2018. Durante su gestión pasada, Fernández aseguró que echaría mano de un “grupo rudo” para combatir el narcotráfico. Sus declaraciones causaron gran resonancia en medios de comunicación, debido a las ambigüedades en cuanto al ejercicio legal de poder implícitas en sus enunciados.

Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2015 hubo 110 secuestros ciudadanos en Nuevo León.

Durante la entrevista realizada por Punto de Partida, Martínez enfatizó su creencia en instituciones como el ejército nacional y en la iniciativa personal como agente de cambio. Asimismo, declaró su profundo desprecio contra secuestradores y miembros del crimen organizado. En su opinión, sólo por medio de un “grupo rudo” o “comando de limpieza” sería posible disuadir a los criminales de cesar sus acciones ilícitas.

En abril de 2016, el hijo de uno de los exintegrantes del supuesto “grupo rudo” declaró en una corte tejana que en realidad tal cosa nunca existió y que la violencia disminuyó porque Fernandez hizo un acuerdo con los hermanos Beltrán Leyva para que ellos evitaran que otros grupos se establecieran en San Pedro Garza.

 “Ojalá y no me equivoque en lo que te voy a acabar de decir ahorita: a partir de hoy no va a haber ningún secuestro ni ninguna pedida de piso en San Pedro Garza García. A partir de hoy, de hoy, y no sé qué día sea hoy, y chécalo de aquí para adelante”, Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

En 2015 los reporteros Javier Vega y Adrián Tinoco viajaron al municipio de San Blas, Nayarit, para investigar sobre el manejo de presupuestos públicos administrado por Hilario Ramírez, alcalde de la localidad. El 28 de febrero de 2015 tuvo lugar la fiesta de cumpleaños del alcalde, para ella se compraron 50 mil cartones de cerveza, 50 reses para birria y 3 mil kilos de tortilla, suficientes para atender a 50 mil invitados, según confirmó el Ayuntamiento. El costo aproximado de la fiesta fue de 15 millones de pesos, según estimaciones del propio Ramírez, que agradece el apoyo de 40 o 50 amigos para recaudar los fondos necesarios para la celebración.

Mientras tal opulencia es posible, la comunidad de San Blas sufre de múltiples carencias relacionadas con el abastecimiento de servicios públicos: hacen falta, por lo menos, un servicio de recolección de basura, sistemas de suministro de agua y programas de pavimentación. Aunada a estas carencias, la administración de Ramírez recibió fuertes críticas por parte de la auditoría del estado de Nayarit, debido a que se comprobó el uso de facturas apócrifas y desvíos de fondos federales.

50 mil cartones de cerveza, 50 reses para birria y 3 mil kilos de tortilla para 50 mil invitados: 15 millones de pesos.

Durante su festejo de cumpleaños, Ramírez causó indignación por más razones que su despilfarro económico. Como parte de la celebración, la banda El Recodo fue invitada a ofrecer un espectáculo. El alcalde disfrutó el ritmo de la música con varias asistentes del público y en un par de ocasiones levantó los vestidos de sus parejas de baile. El Instituto Nacional de las Mujeres expresó su indignación al respecto, por la “violencia directa contra la mujer que lo acompañaba e indirectamente contra todas las mujeres”.

 “No tengo la varita mágica para resolver los problemas en un ratito. Claro que es la responsabilidad de nosotros como administración, pero quisiera que vinieras en un año más”, Hilario Ramírez, presidente municipal de San Blas, Nayarit. 

La sociedad responde: Tláhuac y Atenco

La reportera Yuli García hizo una investigación para Punto de Partida en el primer aniversario de los linchamientos en Tláhuac, Distrito Federal, perpetrados el 23 de noviembre de 2004. Esa noche más de 300 habitantes de San Juan Ixtayopan quemaron vivos a dos policías y dejaron gravemente herido a un sobreviviente.Los habitantes vieron que estas personas fotografiaban niños afuera de una escuela y pensaron que se trataba de posibles secuestradores o violadores. La realidad es que los miembros de la Policía Federal Preventiva investigaban casos de narcomenudeo en la región.

Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla fueron golpeados por una turba al rededor de dos horas. Finalmente, sus cuerpos exangües se depositaron en una hoguera y fueron consumidos por el fuego. Los hechos tuvieron lugar afuera de una escuela primaria, en donde los padres de familia reaccionaron violentamente por miedo a que sus hijos estuvieran en peligro. Después de muchos esfuerzos, un grupo de agentes judiciales logró rescatar a Edgar Moreno y a otros individuos más que yacían atados en espera de lo peor.


Entre 1988 y 2014 en México se registraron 366 linchamientos en diferentes estados de la república.

Tras los hechos, más de 35 personas fueron detenidas. Algunas, de manera arbitraria: sin órdenes de arresto ni un proceso adecuado de identificación. Varios de los detenidos aseguran que no estuvieron en el lugar de los hechos y afirman haberse enterado de los linchamientos por medio de la televisión. Gran parte de las detenciones se basaron en la declaración de un par de menores de edad que, en entrevista, confesaron desconocer el contenido de los documentos que firmaron por presión judicial.

 “El anonimato de los participantes, la espontaneidad, un sector social desfavorecido y el carácter altamente violento y pasional que genera en los participantes un sentimiento compartido del “deber cumplido” al hacerse justicia por propia mano, son algunas de las características de los linchamientos”. SinEmbargo

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, pertenecientes al Estado de México, hubo una serie de enfrentamientos entre la población civil y las fuerzas de seguridad de la nación que dejó como saldo más de 200 denuncias por violaciones sexuales, maltrato y lesiones severas, perpetradas por las autoridades.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la mayor parte de los denunciantes de los hechos de Atenco mostraban lesiones a consecuencia del trato recibido antes, durante y después de su detención, “de las cuales se desprenden presuntas violaciones relacionadas con: el derecho a la vida, daño en propiedad ajena; cateo domiciliario ilegal; robo; incomunicación; amenazas y dilación o negligencia en la atención médica”.


800 civiles con machetes, petardos, palos y piedras contra 700 elementos de seguridad con gases lacrimógenos, escopetas de sal, macana, escudos, armas de fuego y un helicóptero.

Como parte de la investigación realizada por Punto de Partida, la reportera Olivia Zerón entrevistó a Wilfrido Robledo, comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México y principal responsable del operativo en Atenco, a nivel estatal. Al cuestionarlo por las consecuencias de las violaciones que cometieron miembros de fuerzas armadas a su cargo, el comisionado respondió que lo único que había recibido del gobernador del estado — que en ese entonces era Enrique Peña Nieto — eran felicitaciones por su labor.

“El pueblo de San Salvador Atenco organizó un movimiento de resistencia y de defensa de sus tierras en contra de la expropiación que el gobierno pretendió hacer en 2001, sin haberlos informado y consultado, con motivo del malogrado proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco” (Centro ProDH).

Generalmente, los abusos de poder nunca constituyen un delito aislado. Con frecuencia, se relacionan con violaciones graves a derechos humanos y facilitan un mal funcionamiento institucional y administrativo de las dependencias federales. Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales se han vuelto cada vez más comunes en reportes de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Ambos crímenes implican niveles importantes de complicidad entre miembros del crimen organizado y cuerpos de seguridad.

En una sociedad donde el apego de los funcionarios a sus deberes y responsabilidades legales no es estricto, existe espacio suficiente para desvío de fondos públicos y corrupción. Las autoridades deben guardar un profundo respeto por las leyes que limitan sus poderes porque, de lo contrario, se pierde un marco desde el cual poder calificar el estado de las cosas.

Cuando los encargados de proveer orden y seguridad a los ciudadanos fallan en su labor, las personas se toman atribuciones que no son propias de una república democrática. La confianza en las autoridades se fractura y comienza el caos. Comunidades que se enfrentan a cuerpos armados de seguridad demuestran un problema estructural: la pérdida de credibilidad en la administración, provocada por los abusos de poder, deja a los pobladores en un estado de vulnerabilidad que tiene consecuencias atroces.