El exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco afirmó en ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio que el Gobierno federal tenía información sobre ‘Guerreros Unidos’ y su vinculación con el exalcalde de Iguala José Luis Abarca desde hace más de 10 años.
La Fiscalía entonces a mi cargo investigaba a la organización delictiva ‘Guerreros Unidos’ desde muchos meses antes de lo ocurrido en Iguala, esto en estrecha colaboración con el Gobierno federal y muy particularmente con la PGR. Nosotros fuimos instancia generadora y de intercambio de información con otras autoridades, entre ésta la Policía Federal, la Semar, Ejército mexicano y Cisen (…) Era una investigación de manera coordinada o en colaboración durante todo 2013 y 2014, ahorita ha trascendido públicamente que con relación al grupo ‘Guerreros Unidos’ el Gobierno federal ha tenido información desde hace más de 10 años”, destacó Blanco.
El exfiscal de Guerrero agregó que como resultado de sus acciones se obtuvieron testimonios que proporcionaron nombres y posibles domicilios de algunos integrantes de ‘Guerreros Unidos’, entre los cuales se encontraban autoridades municipales de Iguala y entre ellos José Luis Abarca. De igual manera se obtuvieron algunos números telefónicos y datos que llevaron al hallazgo de fosas y osamentas e incluso un narcolaboratorio que fue desmantelado por el Ejército mexicano.
Lo que nosotros hicimos en un primer momento fue remitirle a la PGR, concretamente a la Seido, varios tomos de la averiguación previa que iniciamos por el homicidio del señor Arturo Hernández Cardona, respecto de lo cual se señalaba la participación de (José Luis) Abarca, en carácter de autor material e intelectual del hecho. Dentro de esa indagatoria obtuvimos una declaración de una de las víctimas, en la que se advertían algunas inconsistencias sobre la mecánica de los hechos y los partícipes de los mismos, y varios meses después la PGR obtuvo testimonios que aportaron los elementos de prueba necesarios para consignar a Abarca por este hecho”.
Iñaki Blanco afirmó que también obtuvieron la declaración y el testimonio de un exintegrante de ‘Guerreros Unidos’ en el sentido de que el exalcalde Abarca y su secretario de Seguridad, Felipe Flores, eran parte del grupo criminal.
Las palabras que este sujeto empleó fueron que utilizaba a los sicarios o líderes de esa agrupación como su brazo armado para secuestrar, desaparecer y matar a un innumerable número de personas”, agregó.
De igual manera el testigo proporcionó los nombres de algunos de los líderes de ‘Guerreros Unidos’ y proporcionó los apodos y nombres de algunos de ellos, a destacar ‘El May’, ‘El Choky’, ‘El Cil o el Gallero’ y los hermanos conocidos como ‘Los Peques’ de apellidos Benitez Palacios, así como información que les permitió localizar distintas fosas y osamentas.
Debe tenerse claro que se trataba de una investigación en curso con resultados parciales. Toda esta investigación se le entregó a la Seido, se le empieza a entregar unos días después del homicidio del señor Arturo Hernández Cardona. Después, cuando obtenemos la declaración de este testigo que aporta información en cuanto a cómo estaba integrada y cómo operaba la organización delictiva ‘Guerreros Unidos’, se lo remitimos también de manera oficial y nos dimos a la tarea de corroborar en buena parte si el dicho de este sujeto era verosímil o no”.
El exfiscal Blanco afirmó que el entonces gobernador de Guerrero Ángel Aguirre les hizo saber a los integrantes del Gabinete de Seguridad y a los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero que, si existían los elementos para ello, debían proceder en contra de José Luis Abarca, sin embargo, el procedimiento estaba impedido para el ámbito estatal, pero no para el federal.
En los días posteriores a lo ocurrido en Iguala existía un impedimento legal para que la Fiscalía de Guerrero detuviera a (José Luis) Abarca. El Ministerio Público no contaba con la imputación de señalamientos directos formales en su contra y sumado a ello, dicho sujeto gozaba de fuero constitucional. (…) Detener a dicho sujeto sin contar con elementos de convicción y si haber agotado el procedimiento para que perdiera el fuero resultaba ilegal, puesto que sería violatorio de reglas al debido proceso y podría haber sido alegado a defensa de José Luis Abarca, a fin de evadir su responsabilidad en los hechos”, afirmó.
No obstante, insistió en que la limitante no existía a nivel federal.
Ayer aceptó el secretario de Gobernación, existían investigaciones por enriquecimiento ilícito en contra de Abarca, por lo que las autoridades federales estuvieron en condición de valorar la procedencia de detenerlo o bien de hacer uso de la medida cautelar de arraigo a fin de integrar o perfeccionar las indagatorias que existían en su contra, lo cual no se hizo. Me parece que el no haberlo hecho y el no haber compartido esta información que hoy se nos da a conocer con la Fiscalía General de Guerrero es un hecho grave. La toma de decisiones en aquel entonces en el Gobierno federal, o en parte del mismo, pasó más por lo político que por lo jurídico”, concluyó.
Con información de Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio
KAH
