DENVER, Estados Unidos, feb. 4, 2015.- Los agentes de Inmigración ya no podrán interactuar en Nebraska con las personas que lleguen a la Oficina de Libertad Condicional del estado a menos que tengan una orden judicial, informó hoy la filial local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La nueva disposición requiere que los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) obtengan el permiso judicial antes de hacerles preguntas o de proceder al arresto de personas, en su mayoría latinos, que acuden a la sede en Omaha de la Oficina de Libertad Condicional.
Este cambio se produce después de que ACLU denunciase antes las autoridades estatales que los agentes de Inmigración interrogaban e incluso detenían a personas que acudían a las mencionadas oficinas.
Por medio de un comunicado, ACLU explicó que varios abogados de Omaha contactaron con ellos para indicar que sus clientes, que debían presentarse ante sus oficiales de libertad condicional como parte del acuerdo para mantener esa libertad, no lo hacían por temor de ser arrestado por agentes de ICE.
Específicamente, según ACLU, la presencia de los agentes de Inmigración podría interpretarse como “un posible ejemplo de intimidación y perfil racial”.
Además, ACLU cuestionó la práctica de detener a personas sospechosas de estar ilegalmente en el país sin causa probable y sin orden judicial a la salida de sus citas con sus oficiales de libertad condicional.
Por eso, desde ahora, los agentes de ICE sólo podrán interrogar a posibles sospechosos una vez que hayan presentado la orden judicial correspondiente al oficial de libertad condicional a cargo del caso del sospechoso buscado por ICE.
Shawn Neudauer, uno de los portavoces de ICE, minimizó en un comunicado la situación y afirmó que “ICE continúa trabajando en cooperación con nuestros socios de las fuerzas del orden en todo Nebraska”.
El vocero enfatizó que ese trabajo en conjunto permite “identificar y expulsar a los criminales convictos” y a otras personas que representan “amenazas a la seguridad pública”.
“Las oficinas estatales de libertad condicional no pueden ser el conducto para que oficiales de ICE cuestionen a latinos sin tener una orden judicial para hacerlo. La cancelación de esa práctica asegura que se restaure la confianza y la equidad de nuestro sistema”, indicó el presidente de ACLU en Nebraska, Danielle Conrad, en el comunicado.
