LOS ÁNGELES, Estados Unidos, feb. 02, 2015.- Como consecuencia de la prioridad que se ha dado en la cortes de inmigración a los casos de familias y menores centroamericanos, miles de inmigrantes han visto cómo sus vistas judiciales han sido pospuestas durante años.
Así, tras años de incertidumbre y costosos trámites legales, decenas de miles de inmigrantes por todo el país han comenzado a recibir cartas de las cortes estadounidenses notificándoles de que sus casos han sido cancelados y se quedarán sin resolución judicial hasta el 2019 o después.
“Este monto de casos de niños son los que han contribuido al embotellamiento que tienen las cortes de migración”, declaró a Efe Salvador Sanabria, de El Rescate, una organización sin ánimo de lucro con sede en Los Ángeles.
Además, aseguró Sanabria, “hay jueces que se han retirado y no han sido reemplazados”, contribuyendo así a una saturación del sistema judicial que no tiene precedentes y que ha desembocado en la actual crisis de los inmigrantes cuales peticiones incluían reunificación familiar, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y asilo.
En ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Denver y San Antonio, que reciben el mayor volumen de casos migratorios del país, las cancelaciones y retrasos previstos han sentado como una jarra de agua fría, desatando la preocupación entre la comunidad inmigrante. Y es que, para algunas personas, su estancia en el país podría incluso peligrar.
“Los documentos que ha costado tanto juntar para presentar los argumentos que los abogados harán ante el juez ya no tendrán la misma validez que tendrían si las vistas se tuvieran hoy en día”, denunció Sanabria.
Algunos individuos en situación irregular que han pedido amparo migratorio bajo un determinado programa ven como, tras la nueva decisión, se quedan sin la opción de acogerse a otros programas como el DACA.
Además, los inmigrantes cuyos permisos de trabajo caduquen no podrán renovarlos sin pasar primero por un juez, como es el caso de Luis Reynaga, un jalisciense de 33 años que llegó indocumentado a Los Ángeles en el 2000 y cuyo permiso de trabajo caduca a finales de 2015.
Hace dos años, Reynaga fue detenido por la policía por el impago de una multa de tráfico y por conducir sin carné.
“Me detuvieron y me llevaron con migración”, explicó a Efe el hombre que tuvo que ingeniárselas para pagar una fianza de diez mil dólares y salir en libertad.
Apenas unos meses después, se personó ante un magistrado que le concedió el plazo de un año para arreglar su situación migratoria antes de ejecutar una orden de deportación.
Con tres bocas que alimentar, este padre que había recibido amenazas de muerte de su mujer, se apresuró a solicitar una visa por violencia doméstica para frenar la deportación.
La decisión final del juez estaba prevista para enero de 2015, pero Reynaga recibió una carta informando de que la audiencia quedaba retrasada.
“Me siento muy mal porque soy padre soltero de tres hijos”, se lamentó el mexicano.
“Quiero vivir sin miedo de nada, necesito mi permiso de trabajo, y quiero poder ir a visitar a mi papá que está muy viejo y enfermo”, agregó suplicando el inmigrante que, como miles más, se queda, nuevamente, en el limbo.
La organización El Rescate tiene en este momento más de 280 casos que podrían sufrir retrasos y cancelaciones judiciales y, según anticipó su director ejecutivo, todo apunta a que se verán afectados.
“Somos testigos de que esto es una crisis, y por eso hay que abordarla con seriedad y no con política”, manifestó Sanabria, quien agregó que “el sistema requiere una reforma migratoria, una reestructuración, una reingeniería”.
