CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 16, 2015.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la lista de nombres de las personas que integrarán el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido el 12 de noviembre de 2014.
En un comunicado de prensa, el organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que este grupo de expertos se estableció conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por representantes del Estado Mexicano con los beneficiarios de las medidas cautelares.
Señala que en el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado Mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.
Por lo que la CIDH determinó que el grupo estará conformado por las siguientes personas:
Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional
Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos
Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas
Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud
Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el grupo podrá elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; analizar de manera técnica las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y hacer un análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.
El comunicado señala que en cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes.
La CIDH subraya que a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada.
El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
El organismo de derechos humanos indicó que el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo y para ello, depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.
Al final del comunicado se puede leer que el Estado mexicano continuará trabajando junto con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014. Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de justicia para no repetir los actos como los que dan origen a dicha asistencia.
RAMG
