La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el presunto desvío de recursos de la llamada “Estafa Maestra” a campañas electorales.
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Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se trabaja “para detectar si en los casos de ‘Estafa Maestra’ también el dinero que fue separado de forma ilícita, a partir de empresas fachada, llegó a procesos electorales o no”.
Entrevistado luego de asistir a la reunión plenaria de los diputados federales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Santiago Nieto precisó que también trabaja de manera conjunta con la Fepade sobre la Operación Zafiro, por la que supuestamente se desviaron recursos de las Secretarías de Educación Pública para financiar campañas electorales.
Antes, en conferencia de prensa, dio a conocer una reducción en el monto de recursos congelados por actividades ilícitas, de cinco mil millones de pesos reportados en diciembre, a cuatro mil 500 millones este mes.
Mencionó que “las cifras se mueven en razón de la concesión de juicios de amparo derivados de la jurisprudencia impulsada por el exministro, Medina Mora”.
Indicó que se tienen “cuatro mil 500 millones de pesos congelados, 52 millones de dólares congelados, de los cuales corresponden 980 millones, casi mil millones digamos para redondearlo, a temas vinculados con delincuencia organizada, particularmente Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito y por supuesto Cártel de Sinaloa”.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien también participó en la reunión plenaria, informó que hay al menos seis procesos de investigación abiertos en contra de altos servidores públicos por falta de medicamentos o cobro de cuotas en algunos hospitales, como el Infantil de México o el de Neurología.
Añadió que “en el ámbito de las farmacéuticas hemos dado resultados, incluso se han inhabilitado algunas de ellas. Todos los involucrados en estos procesos tienen sus derechos intocados, ellos están en derecho también de acudir a todos los tribunales en donde puedan controvertir las decisiones”.
Sobre las denuncias contra los llamados superdelegados por el uso electoral de programas para atender la pobreza, informó que algunas investigaciones ya concluyeron sin sanción y que en otras se determinó un proceso sancionador administrativo.
Con información de Héctor Guerrero.
RMT
