La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pagar 180 hectáreas a campesinos del poblado “Naranjalito” ubicado en el municipio de Tamiahua, Veracruz, donde fue construida una carretera.
Los pobladores son beneficiaros de esa superficie debido a que desde 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el presidente de la República dotó de 333 hectáreas a la comunidad, las cuales fueron entregadas de forma parcial.
Aquí el problema no es tanto un asunto carretero como la necesidad de terminar de entregar las hectáreas pendientes una vez que se determinó en su inicio que eran 133, entregaron 152, faltan por entregar 180”, señaló José Ramón Cossío, ministro de la SCJN.
Durante la discusión, el ministro Alberto Pérez Dayán propuso que además del pago de indemnización se incluyera un pago por daños y prejuicios ante la existencia de una sentencia que ordena que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban, lo cual es materialmente imposible. El pleno, lo rechazó.
Hoy, alguien que tiene una sentencia que le protege, sentencia que no se puede cumplir, pero, desde que el acto es inconstitucional y no puede devolverse las cosas como se encontraban, tendrá valor comercial su actualización y los daños y perjuicios que durante la incidencia pueda demostrar, su derecho es que se cumpla la sentencia. No se puede cumplir, no puede ser exactamente el equivalente a como comenzó su juicio”, aseguró Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN.
Durante la sesión, los ministros también ordenaron a la Comisión estatal de caminos del estado de Querétaro, el pago de tierras a los campesinos del Ejido Ezequiel Montes, sitio en el que también fue construida una carretera.
El monto a liquidar será determinado por jueces que deberán actualizar el valor comercial.
Con información de Jessica Murillo
MAP
