La próxima secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció que la dependencia tendrá cinco ejes fundamentales contra la corrupción y la impunidad.
Tres de ellos serán: austeridad republicana, un programa anticorrupción y el combate a la impunidad, y precisó los dos puntos restantes.
Combate de los conflictos de interés, estableceremos una separación absoluta del poder público, del poder económico a través de dejar claro que la función pública va a priorizar el bienestar social y el interés colectivo sobre intereses fundamentales, el fomento de políticas de transparencia para que cada peso público sea vigilado, a instaurar la obligatoriedad, por ejemplo, de programas de ciudadanos que acompañen más allá de la figura del testigo social, instaurar y robustecer la figura”, explicó Sandoval durante su participación en el foro “Diálogo: Derechos Humanos y Anticorrupción”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Durante su intervención en este foro, Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, dijo que la corrupción puede tener efectos devastadores.
Todos los participantes coincidieron en que el Sistema de Salud a nivel internacional es altamente vulnerable a la corrupción.
Equipo de AMLO trabaja iniciativa de ley para fiscal anticorrupción
El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, confirmó que el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, trabaja con un grupo de académicos y expertos para la construcción de una nueva Ley orgánica de la Fiscalía General de la República para que pueda operar tanto el fiscal general como el anticorrupción en la nueva administración.
“En este momento ya hay una mesa de trabajo, entre diversas organizaciones de la sociedad civil, del equipo de transición y algunas instituciones académicas, y se está trabajando en tener pronto un proyecto de ley orgánica de la nueva Fiscalía, que sería la consecuencia lógica de la reforma constitucional”, señaló Sergio López Ayllón, director general del CIDE.
Luego de que 17 congresos locales avalaron la eliminación del pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General, López Ayllón explicó que una vez que se cuente con la nueva Ley orgánica, el proceso de selección de los fiscales debe involucrar a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Tras participar en el foro “El balance de las reformas estructurales” realizado en el Senado de la República, los especialistas y miembros de la sociedad civil organizada aseguraron que en un futuro insistirán en la necesidad de hacer reformas constitucionales.
Este miércoles la Comisión Permanente debe hacer la declaratoria constitucional para que el Procurador no pueda ser nombrado Fiscal General de la República.
Con información de Susana López
LHE
