La organización Human Rights Watch (HRW) llamó hoy a la comunidad internacional a que sancione a los presidentes ruso, Vladímir Putin, y sirio, Bachar al Asad, además de a otros responsables militares y civiles por abusos contra civiles durante la ofensiva en la provincia noroccidental siria de Idlib, último feudo opositor.
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“Desde una perspectiva legal, quien tiene la responsabilidad penal basada en la cadena de mando rusa y siria son Al Asad y Putin (…) En cuanto a las medidas contra individuos, los estados decidirán políticamente cómo lidiar al tomar acciones, pero estos son los individuos que tienen la responsabilidad de estos abusos”, afirmó a Efe Belkis Wille, investigadora sénior para HRW de Crisis y Conflictos.
HRW publicó este jueves un informe de 167 páginas, titulado “Tener como objetivo la vida en Idlib: Bombardeos rusos y sirios contra infraestructuras civiles”, en el que nombra a diez individuos, entre ellos Al Asad y Putin que serían responsables de las “violaciones” cometidas durante la ofensiva en Idlib, en el noroeste de Siria, durante 11 meses.
En él, afirma que Canadá, la Unión Europea (UE), Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos y otros estados “deberían imponer sanciones específicas, incluyendo la congelación de fondos, contra los comandantes militares y civiles implicados en crímenes de guerra“.
“En el caso de Rusia, el nivel de información que ha sido compartida, con Putin incluido, es desde una perspectiva legal la razón por la que lo vemos a él como responsable”, indicó Wille, que añadió que este informe muestra “cómo altos mandos rusos están involucrados en las operaciones en Siria”.
“Cuando hablamos de abusos siendo perpetrados en el contexto de una operación militar, Rusia está involucrada en todos los niveles”, aseveró la investigadora.
Rusia interviene militarmente en Siria desde 2015 apoyando al Gobierno de Al Asad con personal de las Fuerzas Armadas, policía militar, fuerzas especiales y aviación que han llevado a cabo bombardeos en Idlib, según HRW.
Los hechos
En abril de 2019, el Gobierno sirio con apoyo ruso lanzó una ofensiva para retomar Idlib y áreas en los alrededores controladas por facciones opositoras e islamistas, que incluyen al Organismo de Liberación del Levante, la exfilial siria de Al Qaeda.
Esta operación acabó el pasado marzo con un alto el fuego firmado entre Rusia y Turquía, valedor de la oposición siria.
Según estimaciones de la ONU citadas por HRW, al menos 1,600 civiles murieron en los ataques y casi 1,400,000 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares en Idlib, que tiene una población estimada de tres millones de habitantes.
Wille hizo hincapié en que estas sanciones “no afectarán a la población siria” ya que se trata de “sanciones muy específicas contra individuos”, que incluyen la congelación de sus fondos.
La UE ya tiene a Al Asad y a otras figuras sirias en sus listas de sanciones, y Estados Unidos ha ampliado estas sanciones contra el presidente con la Ley César, que también incluye a su mujer Asma y a otras personalidades y empresas que ayuden a la reconstrucción en el país, que lleva en guerra desde 2011.
Asimismo, la investigadora puntualizó que, de las decenas de bombardeos analizados y verificados por HRW, “no hay ningún objetivo militar”.
Por eso, “solo podemos concluir que el propósito de esta operación militar es tener como objetivo la vida de los civiles con el fin de que dichos civiles dejen las áreas” para que posteriormente las tropas sirias las retomen, zanjó.
Con información de EFE
DMGS
