Desalojados del inmueble en ruinas, ubicado en la calle Roma 18 de la colonia Juárez, señalaron que fueron sacados de ahí con la fuerza pública, por intereses económicos.
Diego García, integrante de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista, explicó que “en la colonia Juárez, un inmueble de mil 300 metros cuadrados está altamente cotizado y no en pesos mexicanos, en dólares… Aquí, lo que está en juego es la bursatilización, la especulación inmobiliaria y ellos como comunidad indígena estorban… Lo que interesa es el suelo”.
El edificio perteneció a la embajada de España, posteriormente fue abandonado y ahora, según informaron a los comerciantes otomíes que lo ocupaban, fue comprado por una inmobiliaria.
Dora Robles, integrante de la Federación Revolucionaria de Organizaciones en Movimiento, dijo que el inmueble “se acredita una empresa llamada Eduardo S.A. de C.V. con copia de una escritura certificada… Esta ocupación data de 20 años atrás. No es una invasión, es una custodia que teníamos del predio. Este predio se estaba llevando a cabo la expropiación del mismo… Ya tenemos cinco años del trámite, pero el Gobierno no había querido darle alcance”.
Más de 70 personas fueron desalojadas del lugar, lo que provocó un enfrentamiento con granaderos y presuntos hombres contratados para el desalojo.
El saldo del enfrentamiento fue de 11 heridos, entre policías e indígenas, que habitaban el predio.
Margarita Margarito Juan, una de las personas desalojadas, relató que los agarraron de sorpresa y los golpearon. “Llegaron, nos insultaron, mentándonos la madre, golpeándonos… Cuando a los granaderos les preguntamos qué era, qué estaba pasando, no dieron respuesta… Uno de los granaderos me agarró allá adentro, me quemó el cabello y el suéter que tengo ahorita. No es justo… Muchos de los ganaderos se aprovecharon, agarraron mujeres allá adentro, las golpearon”.
Alejandro Primitivo, otra de las personas desalojadas, demostró que lo mordieron y con un mazo lo golpearon.
Agregó que grupos ajenos ingresaron con “martillos, macetas, palos, varillas, todo lo que traían ahí… No sacamos nada de cosas, valores. Nos robaron todo”.
Desde hace más de 20 años, el predio fue invadido por familias indígenas otomíes originarias de Querétaro.
Margarita comentó que una vez pasaron por el lugar, “estaba muy feo ese edificio y dijeron los compañeros, por qué no lo vamos a agarrar. Lo limpiamos. No hay dueño… Nunca apareció el dueño”.
Desde la madrugada, los desalojados tuvieron reuniones con representantes del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi), para tener acceso a una vivienda y permanecen en tiendas improvisadas, afuera del predio.
Otro de los desalojados, Telésforo Martínez, dijo que no están de acuerdo con el lugar donde los van a ubicar; ellos prefieren un lugar céntrico porque ahí está su lugar de venta y las escuelas de sus hijos.
En un comunicado difundido el miércoles, el Gobierno de la Ciudad de México informó que los policías intervinieron en el inmueble después de que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia emitió una sentencia de desalojo para las personas que habitaban ilegalmente el lugar, desde hace más de 20 años.
Con información de Elizabeth Mávil.
RMT
