La mayoría sandinista y sus aliados en la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua nombraron a los integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz que investigará la muerte de al menos 45 personas durante las protestas, en medio de críticas de diversos sectores que dudan de su independencia e imparcialidad.
La Comisión tendrá tres meses para investigar las muertes, heridos, desaparecidos, encarcelados y torturados durante las violentas protestas acontecidas desde el pasado 18 de abril, dijo el presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, tras juramentar a sus miembros.
Una vez concluida la investigación, emitirán un informe sobre los hallazgos y conclusiones, indicó Porras, también principal dirigente del sandinista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
Ustedes quedan autorizados para investigar con total libertad”, sostuvo el legislador.
La Comisión está integrada por el sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú; la líder miskita Mirna Cunningham; el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Jaime López Lowery; el sub procurador de derechos humanos, Adolfo Jarquín; y el académico e intelectual Cairo Amador.
Molina Oliú, de 85 años, fundador del Centro Antonio Valdivieso y uno de los principales exponentes de la Teología de la Liberación en este país, recibió el pasado 21 de febrero de parte del presidente Daniel Ortega la orden “Augusto C. Sandino” en el grado de batalla de San Jacinto.
Cunningham, de 71 años, exdiputada sandinista, es presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y es considerada como una de las figuras más destacadas del movimiento indígena mundial de finales del siglo XX y comienzos del actual, según su biografía.
Los otros tres integrantes también son identificados por diversos sectores de ser afines, estar ligados o ser defensores del Gobierno sandinista.
El presidente del Parlamento destacó que esa comisión está conformada por juristas, intelectuales, religiosos y personalidades de la sociedad civil “de gran prestigio” y que tendrán siete días para hacer su instalación.
Esa Comisión ha sido criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien organismos humanitarios responsabilizan de ser, junto con la Policía Nacional, responsables de las muertes.
Estudiantes universitarios, que han sido los principales protagonistas de las protestas contra el Gobierno, así como organizaciones humanitarias, han sugerido invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que sea parte de esa Comisión de la Verdad.
La CIDH solicitó el pasado 24 de abril al Gobierno de Ortega que le permitiera entrar al país para evaluar lo sucedido y el 1 de mayo recibió la respuesta del Ejecutivo, que le pidió “aguardar el avance de los procesos internos”.
Nicaragua atraviesa una crisis que cumple 19 días, debido a multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, que comenzaron exigiendo medidas de seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión.
Desde que comenzaron las manifestaciones los enfrentamientos violentos han causado al menos 45 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 el número de los fallecidos.
Nicaragua está pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración.
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Con información de EFE.
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