La autonomía plena de la Fiscalía General de la República tendrá que esperar un año.
Este martes, el grupo parlamentario de Morena presentó ante el pleno de la Senado su iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, dejando de lado la demanda de organizaciones de la sociedad civil de reformar el artículo 102 constitucional
Esta nueva ley orgánica busca garantizar los derechos fundamentales de las víctimas golpeados por esta violencia brutal que afectan a nuestro país, les aseguraremos el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición”, dijo Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena.
Con la presentación del proyecto se mantiene la injerencia del Ejecutivo Federal en el nombramiento del Fiscal de la Nación y además da facultades al Presidente para remover al Fiscal bajo cuatro supuestos: cuando de manera sistemática no se cumplan con los objetivos establecidos en el Plan de Persecución Penal; participe en el ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno republicano y federal; y cuando participe, tolere, consienta o apoye violaciones graves a los derechos humanos, o bien que cometa cualquier violación a la Constitución. La remoción podrá ser objetada por el Senado.
También se propone garantizar la participación ciudadana a través de un Consejo Técnico que estará integrado por cinco ciudadanos expertos en temas de procuración e impartición de justicia.
La sociedad civil organizada podrá dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del plan de persecución penal que presente el fiscal general, así como los programas anuales de trabajo a efecto de evaluar su implementación”, añadió Olga Sánchez Cordero.
La iniciativa turnada a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos establece que dentro de la Fiscalía General de la República habrá cuatro fiscalías más: la de derechos humanos, la de delitos electorales, la de combate a la corrupción y la de asuntos internos además de fiscalías especializadas y una coordinación de investigación y persecución penal.
Con información de Jessica Murillo
AAE
