Juanita Alonzo, migrante indígena guatemalteca encarcelada injustamente en el estado de Tamaulipas desde hace siete años, fue liberada el después de que numerosas organizaciones e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intercedieran para su liberación.
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Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, informó vía Twitter que el Tribunal había ordenado la libertad inmediata de Juana Alonso Santizo porque “fue injustamente acusada de secuestro” y “es sobreviviente de tortura“.
La Fiscalía de Tamaulipas había informado horas antes de que no continuaría con la acusación.
Irvin Barrios, el fiscal del estado, dijo que había enviado al juez la petición de libertad y ordenado “dar celeridad a las investigaciones por cuanto a las posibles conductas que pudieran constituir irregularidades y deslindar responsabilidades”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Alonso, conocida por todos como Juanita, es una indígena chuj, de 35 años, originaria de San Mateo Ixtatán, Guatemala que solo pretendía cruzar México para llegar a Estados Unidos y dar mejor vida a su familia, dijo su tío Pedro Alonso la semana pasada a su paso por Ciudad de México como parte de un recorrido por el país para exigir su liberación.
“No pudo cruzar la frontera porque estaba enferma, la policía estatal de Reynosa, la detuvo y la torturaron, la obligaron a firmar una confesión falsa a punta de armas en un idioma que no entendía” puesto que solo hablaba chuj, explicó su tío en un video.
Era el año 2014, cuando Juanita Alonzo intentaba migrar a Estados Unidos y fue detenida, torturada por la policía y acusada de secuestro, permanecía presa en Reynosa sin sentencia.
Diversas organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, pidieron su excarcelación, un llamamiento al que recientemente se sumó AMLO.
“Hay todas las pruebas de que fue torturada y las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla”, adelantó el mandatario hace unos días.
“Queda pendiente la sanción de los responsables y la reparación del daño”, indicó por su parte el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, también involucrado en su defensa.
“El caso de Juanita no es aislado”
Según su familia, Alonso fue criminalizada solo por ser una mujer migrante e indígena que ni siquiera pudo defenderse por no hablar español.
Esta semana, un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia evidenció otros abusos vinculados a los flujos migratorios al amparar a tres personas indígenas del sur de México que fueron detenidas en 2015 por agentes migratorios por no parecer mexicanas.
Según explicó el jueves la ONG Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), cuyos abogados litigaron el caso, esas personas fueron privadas de la libertad durante una semana y hostigadas para que firmaran documentos donde aceptaban ser de Guatemala y ser deportadas a ese país.
Al ampararles, la Corte declaró inconstitucional realizar revisiones aleatorias fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de personas porque tales prácticas pueden ser discriminatorias contra personas indígenas o afrodescendientes.
Con información de AP.
RAMG
