La Ley Fintech, que regulará a empresas que ofrecen créditos en plataformas de internet, que captan dinero de inversionistas y ofrecen financiamiento con menores costos, entra en vigor el 10 de septiembre.
Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), explicó que esta regulación “abre la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas puedan obtener financiamiento del público a través de las plataformas de fondeo colectivo […] sin necesidad de acudir a una institución de crédito tradicional […] las tasas que hoy ofrecen son mucho más bajas que en otros intermediarios financieros”.
Sin embargo, el presidente del órgano regulador financiero advirtió que las Fintech son páginas de internet que no tienen sucursales y el riesgo de invertir en ellas es alto.
“Lo que la gente tiene que saber también es que estas entidades no tienen una cobertura de seguro de depósito; es decir, la gente que invierte en ellas no tiene garantizada su inversión, depende de que el proyecto sea exitoso y le puedan devolver su dinero y pagar el interés que le ofrecen, o sea, el riesgo es más alto […] si alguien invierte en una empresa y a la empresa no le va bien, la gente podría no recuperar su dinero”, subrayó.
En caso de fraude en esas plataformas, las autoridades perseguirían y emitirían opiniones de delito para que metan a la cárcel a quien defraude a la gente.
La autoridad espera que 73 empresas Fintech soliciten su registro y México se convertirá en el único país en América Latina que contará con una legislación para el sector Fintech.
El presidente de la CNBV fue entrevistado en el marco de la Convención Anual de la ASOFOM.
¿Qué es la Ley Fintech?
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en México operan alrededor de 160 organizaciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías financieras, quienes han otorgado más de mil millones de pesos en créditos y cuentan con más de 540 mil usuarios activos.
Ante el crecimiento que este sector ha tenido en los últimos años en México, y debido a que constituye un entorno de negocios totalmente nuevo, su regulación se convirtió en un proceso inminente. Por esta razón la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), la SHCP y el Banco de México presentaron un borrador de Ley de Tecnología Financiera.
Para la elaboración del anteproyecto de ley, las autoridades tomaron en cuenta el modelo utilizado en otros países, sin embargo, muy poco se pudo replicar, pues la mayoría se encuentra en las mismas condiciones que nosotros, con algunas excepciones como Reino Unido, cuya regulación en la materia está muy desarrollada.
El documento que fue aprobado por el Congreso incluye 145 artículos divididos en siete títulos.
Esta ley está dirigida a instituciones de tecnología financiera, que son aquellas plataformas a través de las cuales se facilita la celebración de operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, además del uso de activos virtuales en dichas operaciones. Da pie al uso de la firma electrónica y sistemas de autenticidad para que los clientes tengan acceso a su infraestructura tecnológica.
Dichas instituciones, en el sector privado, son las de pagos electrónicos (monedero en línea, compras vía celular y transferencias de dinero), de financiamiento colectivo (inversiones en proyectos a través de determinadas páginas de Internet), de activos virtuales (monedas y divisas electrónicas) y de asesoría financiera electrónica, entre otras.
La nueva ley, entre otros aspectos, propone considerar el uso de activos virtuales, como las criptomonedas, previa autorización del Banco de México (Banxico).
También crea el Comité Interinstitucional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Banxico y de la misma CNBV, que intervendrá en la toma de decisiones de mayor importancia, como el otorgamiento de autorizaciones e imposición de sanciones, entre otros.
Entre otras cosas, esta ley tiene por objetivo prevenir y mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, estableciendo un marco regulatorio aceptado y probado internacionalmente, con estándares mínimos de identificación del cliente, que permita prevenir este tipo de conductas.
(Con información de Guadalupe Flores y Deloitte)
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