La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, anunció este sábado que presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo del Gobierno de México que permite a las Fuerzas Armadas vigilar la seguridad pública.
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La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó que pidió a la Suprema Corte este viernes revisar la constitucionalidad del “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública”, que el Gobierno publicó el 11 de mayo.
“El acuerdo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”, advirtió Rojas en un comunicado.
El lineamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), “ordena” a la Fuerza Armada a participar “de manera
extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional”, el cuerpo policial militar creado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
La política tiene vigencia hasta el 27 de marzo de 2024, tiempo en el que el Gobierno de López Obrador espera concluir con la
formación de la Guardia Nacional.
Sin embargo, desde su publicación, el colectivo Seguridad Sin Guerra advirtió que lo decretado “faculta a las Fuerzas Armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen”.
Después de un amplio análisis del acuerdo del Ejecutivo Federal sobre las FFAA en tareas de seguridad pública, y de escuchar a OSC y a reconocidos constitucionalistas, considero que existen razones fundadas para solicitar a la @SCJN revise su constitucionalidad.
1/3— Laura_Rojas_ (@Laura_Rojas_) June 20, 2020
Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se había negado a presentar una controversia, Rojas argumentó que el acuerdo “contradice” la Constitución sobre la “complementariedad” y “subordinación” de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles.
Al admitir que los militares ya participan en tareas de seguridad pública desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón
(2006-2012), la legisladora consideró que el acuerdo no abona a la certidumbre.
“Las Fuerzas Armadas durante más de una década han pedido que les demos un marco jurídico que de certeza a su actuación y lo que busca la controversia es precisamente que se cumpla ese objetivo, y sobre todo, avanzar hacia el objetivo de un Mexico con seguridad y en paz”, manifestó.
Tras el anuncio, la presidente de la Cámara Baja recibió el respaldo de legisladores de otros partidos de oposición, como el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Sin embargo, Rojas negó que se trate de un acto político dirigido al mandatario López Obrador.
“El propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución”, aseveró.
Con información de EFE
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