Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, destacó, durante su informe anual, que se han construido procesos restaurativos ante la tarea más dolorosa que vive la sociedad mexicana: la desaparición forzada que ha convertido a nuestro país en una fosa clandestina.
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“Un país prácticamente convertido en una gran fosa clandestina, signado por la violencia y por crímenes de odio contra mujeres niñas y niños, un país inmerso en una crisis de derechos humanos en donde existen miles de personas desaparecidas”, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
En este sentido destacó que se han instrumentado acciones para avanzar en el caso de los normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Asimismo, mencionó la creación de mecanismos como de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; la instauración 32 comisiones estatales y el protocolo homologado de búsqueda de personas y la creación del mecanismo extraordinario forense al que ya se han asignado 40 millones de pesos.
Señaló los acuerdos de solución amistosa y reparación del daño con familiares de las víctimas de la comunidad de Acteal y del derrumbe de la mina de Pasta de Conchos.
El subsecretario destacó también la creación del mecanismo de protección a trabajadores de derechos humanos y periodistas.
Las denuncias por desaparición son de 33 mil 92 personas, de las cuales se mantienen desaparecidas más del 46% lo que significa, señaló Encinas, una caída del 21.6% en las denuncias por desaparición en el país.
“Sin embargo, a pesar de estos avances no es suficiente, la búsqueda identificación humana de las personas desaparecidas va a seguirse fortaleciendo no basta seguir encontrar fosas clandestinas exhumar cuerpos humanos e identificarlos, tenemos que erradicar la violencia y frenar esas desapariciones”, indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Mencionó que otro tema preocupante es la discriminación que se encuentra profundamente arraigada en nuestro país, no solo por cuestiones de salud, género y discapacidad que son las más comunes, también contra la población migrante.
Con información de Adriana Valasis
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