La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, que investigará la muerte de al menos 47 personas durante distintas protestas contra el presidente Daniel Ortega, pidió asesoría técnica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya presencia en Managua fue denegada la semana pasada por el mandatario.
La solicitud fue hecha por escrito en días pasados ante la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, informaron los miembros de la Comisión en conferencia de prensa.
En la carta, la Comisión comunicó a Urrejola su beneplácito a “establecer un canal de comunicación permanente y manifestar plena disposición de recibir toda la asesoría técnica y legal que facilite las investigaciones”.
La petición a la CIDH fue impulsada porque “hay una ambientación de desconfianza y de poca credibilidad de todos contra todos”, reconoció el miembro de la Comisión Cairo Amador.
La Comisión también dijo haber establecido contacto con “organizaciones especializadas y en los derechos humanos en el ámbito nacional, regional e internacional, así como con las autoridades correspondientes y pertinentes”.
De la misma manera se puso en contacto con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, sin divulgar el objetivo específico.
Amador, intelectual y académico nicaragüense, reconoció que la credibilidad de la población hacia la Comisión fue puesta en duda desde antes de su conformación, debido a que sus cinco miembros son afines a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes los manifestantes responsabilizan de la llamada “masacre estudiantil” ocurrida entre el 18 y el 22 de abril pasado.
“Muchas de las informaciones que se han vertido no tienen mucha realidad”, dijo al respecto el subprocurador de derechos humanos y miembro de la Comisión, Adolfo José Jarquín.
Los otros integrantes de la Comisión son el sacerdote retirado de la orden franciscana Uriel Molina; la líder miskita nicaragüense Mirna Cunningham; y el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Jaime López Lowery, todos al igual que Jarquín y Amador, de reconocida trayectoria sandinista.
La Comisión insistió en que ya estableció las áreas de denuncia, investigación, visita de campo, análisis y resolución, e invitó alos nicaragüenses a presentar sus denuncias sobre los hechos violentos.
Nicaragua cumple 23 días de crisis, debido a multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente, que comenzaron con protestas en rechazo a unas reformas a la seguridad social y que continuaron a pesar de que Ortega revocó esos cambios, debido a violentos actos de represión.
Desde que comenzaron las protestas los enfrentamientos violentos causaron al menos 47 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 el número de los fallecidos.
Nicaragua está pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración.
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Con información de EFE.
RAMG
