El 26 de septiembre del 2014, policías municipales atacaron a los normalistas que viajaban en camiones por calles de Iguala; el saldo, seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
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El gobierno de Enrique Peña Nieto responsabilizó al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa, de reprimir a los jóvenes y luego entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos, que presuntamente los confundió con integrantes de una banda rival.
Cinco semanas después, el 7 de noviembre la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dio por muertos a los normalistas luego de informar que tres detenidos confesaron que los asesinaron, para luego incinerarlos en el basurero de Cocula, esa fue la llamada ‘Verdad Histórica’ del procurador Jesús Murillo Karam, que no dejó satisfechos a los familiares de los jóvenes ni al grupo interdisciplinario de expertos independientes que vino a México.
Al término del sexenio de Enrique Peña Nieto un tribunal de Tamaulipas ordenó investigar de nuevo el caso y establecer una comisión de la verdad.
A cinco años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, en Iguala. (AP)
Así llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en este año creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
A inicios de este mes, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló que de los 142 procesados por el secuestro y desaparición de los normalistas, 53 presuntos delincuentes quedaron en libertad tras determinarse que sufrieron torturas y detenciones arbitrarias, mientras que otros 50 podrían ser liberados en los próximos meses luego de la absolución del presunto autor intelectual del crimen, Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob, comentó: “Hay que decirlo con toda claridad, a mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”.
Foto: AP
Ante esta situación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador interpuso una denuncia en contra de elementos de la extinta PGR, ministerios públicos y jueces que pudieron contribuir a la impunidad de este caso.
Con información de Despierta
LSH
