CRIMEN Y SEGURIDAD

Cártel de la Ministerial San Luis Potosí estaría conformado por policías

En octubre pasado se denunció que policías y el director de seguridad de Soledad, Leobardo Aguilar Orihuela, facilitaron la fuga de un sujeto relacionado con el robo de vehículos

En San Luis Potosí, donde recientemente asesinaron al presidente de la Coparmex local y a un político, exoperador del PRI, sin que aún se esclarezcan estos casos, hay denuncias de que policías municipales y de investigación del estado estarían involucrados en ilícitos. Como este caso de robo que documentamos.

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“Se llevaron toda mi herramienta, equipo neumático, máquinas de soldar, compresor, se llevaron el patrimonio que yo junté en 10 de trabajo duro y honrado”, dijo Eduardo Olivares, propietario de llantera robada, San Luis Potosí

La noche del 16 de diciembre de 2018, la llantera de Eduardo, ubicada en Río Verde y Periférico, en Soledad, San Luis Potosí, fue saqueada por sujetos presuntamente vinculados con policías del municipio.

En un video grabado por el C4 antes del robo, se observa una patrulla de soledad detrás de una Ford Ranger. Ambos vehículos se detienen a lado de una gasolinera y dos sujetos de la camioneta interactúan con dos policías. En otro video, grabado por la cámara de un vecino, se ve el momento en que la misma Ford avanza por la avenida con un remolque robado del propio negocio.

“El jefe del C4 se dio cuenta que estaba implicada la policía de Soledad, me dice: “mira, aquí está esa camioneta, ve directamente con el fiscal”, dijo Eduardo.

Cártel de la Ministerial San Luis Potosí estaría conformado por policías. FOTO SSP SLP, Archivo

El caso lo atrajo la Policía de Investigación de la Fiscalía, antes Ministerial. Eduardo afirma que desde entonces y tras denunciar, su negocio, que así lucía, ha sido desmantelado en al menos ocho eventos más. Ha perdido más de tres millones de pesos.

“Es evidente que los ministeriales están encubriendo a la policía de Soledad. Caray, es obvio que aquí está involucrado el crimen organizado”, insistió Eduardo.

La Contraloría Estatal encontró omisiones en la investigación. Por ejemplo, que el elemento de la Fiscalía encargado del caso “aunque obtuvo el video, no lo puso a disposición de la autoridad competente”.

“No todas las investigaciones tienen un desenlace rápido”, agregó el fiscal de San Luis Potosí, Federico Garza.

Casos como el de Eduardo se atribuyen al llamado Cártel de la Ministerial en San Luis Potosí, un grupo que estaría conformado por elementos de Seguridad de todos los niveles y que se dedicarían a ilícitos como robo de vehículos y de negocios, narcomenudeo tras decomisos, y cobro a civiles para no ejecutar órdenes de aprehensión.

“El llamado Cártel de la Ministerial surge en San Luis Potosí a partir del año 2013 están vinculados tanto los ministeriales, como los de la policía estatal y algunos policías municipales, por ejemplo, Soledad de Graciano Sánchez y algunos policías de San Luis Potosí”, dijo Sergio, funcionario San Luis Potosí.

“¿Usted ha oído hablar del Cártel de la Ministerial en San Luis Potosí? Bueno, a través de medios electrónicos, en alguna ocasión. Es que no hay una denuncia formal en ese sentido. Si hubiera la denuncia, pues lógicamente que nosotros ya hubiéramos actuado”, dijo Federico Garza, fiscal San Luis Potosí.

En octubre pasado se denunció que policías y el director de seguridad de Soledad, Leobardo Aguilar Orihuela, facilitaron la fuga de un sujeto relacionado con el robo de vehículos.

Rosalinda ‘N’, policía de Investigación, denunció estos ilícitos y, tras ello, sus hijos, Daniela ‘N’ y Carlos ‘N’, de 18 y 20 años, fueron asesinados en un ataque armado el 11 de noviembre pasado.

“Por lo que hace a los señalamientos que ella vertía sobre algunos agentes, se ordenó que se abrieran carpetas”, señaló Federico Garza, fiscal San Luis Potosí

Policías estatales afirman que son criminales los que han denunciado la existencia del Cártel de la Ministerial. 

“Esta estructura se fortalece con el dinero que recibe de todos estos actos que son ilegales”, destacó Salvador, funcionario de SLP.

“He recibido amenazas, son dos años que he vivido, es un infierno”, concluyó Eduardo.

Con información de Guillermo Rivera y Jorge Ulloa

KAH