Entre 2011 y 2015, en Guerrero surgieron grupos de civiles armados. En algunas ocasiones estos grupos fueron reconocidos como comunitarios y por lo tanto, amparados por la ley, pero en otras, simplemente se autodenominaron como grupos de autodefensas.
Estos grupos son quienes han ejercido como autoridad en muchas comunidades e incluso en ciudades de ese estado.
En algunos casos han restablecido el orden, pero en otros, se han aprovechado de su poder para exigir dinero, violar los derechos humanos o incluso, aliarse con grupos del crimen organizado.
“Es mucha la diferencia entre las dos policías porque en la estatal a veces te detienen, te piden ‘la mochada’ y te suelta, y aquí es diferente, aquí si te detienen no hay dinero, aquí tu delito lo tienes que pagar”, dijo Agustín Suástegui Domínguez, comandante regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, en septiembre de 2013.
El 8 de abril de 2011 se publicó la ley 701, que le da sustento jurídico a la CRAC para ejercer funciones policíacas y de justicia.
En los lugares donde opera la policía comunitaria se remite a los acusados a casas de justicia y, sin derecho a un abogado, son juzgados en una asamblea. La pena puede ser la cárcel, trabajo comunitario o el pago de una multa.
“Hace quehacer, comida para los policías, barre, lava trastes, todo”, dijo Virginia Alejandrino, esposa de un preso, acusado por la CRAC.
En 2012 la violencia e inseguridad generada por el crimen organizado iba al alza en Guerrero y en varias regiones la respuesta fue la autodefensa.
El 31 de octubre en Olinalá se levantaron en armas.
El 5 de enero de 2013, habitantes de Ayutla y Tecoanapa también tomaron las armas.
“Si nos matan a alguien de nuestra gente, también ellos tienen familia, si ellos son capaces de eso, a nosotros nos obligan, haríamos lo mismo para ver si no les duele”, dijo un comandante de la policía comunitaria en Tecoanapa, Guerrero.
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A la cabeza del levantamiento estaban los hermanos Plácido Valerio, Bruno y Cirino, fundadores de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG, y quienes antes eran miembros de la CRAC.
“Nosotros ya traemos el acuerdo de que lo que le pase a un compañero de cualquier región, nos pasa a todos”, afirmó Bruno Plácido, dirigente de la UPOEG Guerrero.
Tras el levantamiento iniciaron las detenciones de personas acusadas de crimen organizado, secuestro y extorsión. Los detenidos fueron sometidos a juicios sumarios y después fueron entregados a las autoridades.
Días después del levantamiento de las autodefensas, Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, entregó mil 200 uniformes y cuatro camionetas a la CRAC durante un evento en San Luis Acatlán.
“Reitero que no de ahora, ni de ayer ni de hace 15 días por lo que pasó en Ayutla, desde siempre han tenido nuestro reconocimiento, ahí están los uniformes, quiero hacerle entrega a la CRAC”, afirmó el entonces gobernador en enero de 2013.
Al principio las autodefensas contuvieron la violencia. La UPOEG extendió su presencia a otras regiones como Chilpancingo y Acapulco, pero a principios de 2014, la organización comenzó a fracturarse.
Las diferencias entre los integrantes de la UPOEG derivaron en la conformación del Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero, el FUSDEG.
Esta organización fue reconocida como policía comunitaria por el secretario general de gobierno, David Cienfuegos, en marzo de 2014.
Desde entonces ambas organizaciones han protagonizado numerosos enfrentamientos y se acusan mutuamente de estar vinculados con el crimen organizado.
“Decomisaron vehículos que nunca informaron, decomisaron ganado, decomisaron armas, decomisaron joyas y muchas cosas más”, denunció Crescenciano Ramírez, integrante del FUSDEG, en abril de 2015.
“Han secuestrado han asesinado, han desaparecido”, aseguró Salvador Alanís, otro integrante del FUSDEG.
La Ley de Reconocimiento, Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas, llamada “ley 701”, que reconoce a la policía comunitaria como cuerpo de seguridad pública, se aprobó por unanimidad el 15 de febrero de 2011, siendo gobernador Zeferino Torreblanca, y entró en vigor el 8 de abril de 2011, siete días después de que Ángel Aguirre Rivero asumiera la gubernatura de Guerrero.
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Con información de Cecilia Reynoso y Raymundo Pérez Arellano
LHE
