¿Puede alguien presentar una captura de pantalla de una conversación en WhatsApp como evidencia en proceso judicial? Es un tema complicado tanto en México como en otros países, pero es posible reducirlo a un asunto de autenticidad.
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Cuando buena parte de nuestras comunicaciones se realizan a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, es muy fácil exhibir ante la opinión pública a una persona de algo indebido por medio de “pantallazos”. Recordemos por ejemplo esta nota de una mujer que compartió una conversación por Messenger para exhibir a una “amiga” que quería que le pagara la fiesta de su hija.
En situaciones jurídicas, en cambio, las capturas de pantalla de una conversación privada caen en terreno más turbio. Esto se debe a que este material es muy susceptible de manipulación. A través de herramientas de edición como Photoshop, una persona puede modificar con facilidad una imagen para engañar a las autoridades o para chantajear a otras personas.
Es por este motivo que en muchos países, como Estados Unidos, las capturas de pantalla que son presentadas como evidencia de manera voluntaria por la parte demandante carecen de mérito en una corte. La defensa del demandado simplemente puede alegar que esos “pantallazos” fueron alterados y entonces corre a cargo del demandante acreditar la autenticidad del documento electrónico.
¿Cómo se acreditar la autenticidad de una captura de pantalla?
El Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de su artículo 261, permite cualquier fuente de información para establecer la existencia de un hecho que la ley señale como delito, y los medios digitales no están exentos.
Pero para poder demostrar que la procedencia de una captura es legítima, el demandante tiene que hacer un peritaje informático. Por ejemplo, tendría que acudir a un laboratorio certificado donde un experto forense se encargaría de extraer la prueba informática de la memoria del dispositivo donde reside la evidencia.
Una vez confirmada la validez de una prueba informática, la evidencia puede ser considerada del mismo valor que un documento firmado con el puño y letra del demandado.
