En Argentina, un hombre interpuso una acción judicial para evitar que su pareja interrumpa su embarazo sin su consentimiento. “Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo”, declaró el marido a una estación de radio local.
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En la provincia de San Juan, una mujer que se encuentra en la semana 12 de embarazo solicitó a una clínica privada que se le practique el aborto, amparada por la recién aprobada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Sin embargo, su esposo presentó una medida cautelar en el Juzgado de Familia con el objetivo de “ejercer su derecho a ser padre y que se respete la vida de su hijo”.
“Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero solo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”, dijo el hombre, cuya identidad y la de su pareja permanecen en el anonimato.
Las cortes, donde se libra la batalla
El 24 de enero de 2021 entró en vigor la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, promulgada por el presidente argentino Alberto Fernández. Desde entonces, se han registrado varias trabas judiciales en este país similares a este caso.
De acuerdo a un medio local, el denunciante acudió a los abogados Martín Zuleta y Mónico Lobos, esta última presidenta de Abogados por la Vida en San Juan, para estudiar el caso. “Es un papá que está presente, que quiere que nazca su hijo, que quiere proteger a su hijo y que está en este momento devastado por la posibilidad de perderlo”, dijo la señora Lobos, militante de la causa ‘celeste’.
“Acá nos encontramos ante una vulneración de derechos: el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho de igualdad, el derecho a ejercer la responsabilidad parental cuidando y protegiendo a su hijo, que se encuentra amenazado de muerte”, explicó la letrada.
El marido añadió que se encuentra separado de su esposa a raíz de la decisión que tomó ella de no tener al bebé. “Solo quiero que la Justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos”, dijo. “Es una lucha muy difícil, los días pasan y se nos acaba el tiempo”.
A tres meses de que entrara en vigor la norma, no hay precedentes de un fallo que impida un aborto a petición del padre, voz que no está contemplada en la redacción de la ley. En el análisis de la señora Lobos, esto es una injusticia:
“En los fundamentos de la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo fue común escuchar que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, lo cual ahora me pregunto: ¿La libertad de una mujer es un derecho absoluto? ¿Puede imponerse aun vulnerando y eliminando derechos de otras personas? ¿Qué igualdad pretendemos lograr como sociedad? ¿Un enfrentamiento entre hombres y mujeres o una igualdad real que tienda a la justicia?”
La polémica ley dicta que solo basta del consentimiento de la persona que se vaya a realizar el procedimiento, y que todo funcionario o personal de salud que dilate, obstaculice o se niegue a practicar un aborto será sancionado penalmente.
Por el momento no había declaración de la esposa en los medios consultados.
Con información adicional de La Nación.
