DENVER, Estados Unidos, ene. 13, 2015.- Una fiscal de inmigración en Denver, Colorado, rechazó la moción para evaluar la cancelación o postergación del pedido de deportación de Arturo Hernández García, un inmigrante que lleva desde octubre pasado refugiado en una iglesia de la ciudad para evitar ser separado de su familia, según informó hoy la organización que lo ayuda.
“La oficina de la fiscal (Corina) Almeida decidió no aceptar la moción de reabrir el caso de Arturo y de su familia. Vamos a denunciar la decisión de la fiscal Almeida y a decidir los próximos pasos a seguir”, informó a Efe en declaraciones preparadas Jennifer Piper, del American Friends Service Committee (AFSC) en Denver.
En 2014, Piper gestionó la creación de la Coalición Santuario de Metro Denver que comenzó a operar en septiembre pasado con cinco iglesias afiliadas.
Un mes después, Hernández García ingresó en las instalaciones de la Primera Sociedad Unitaria de Denver, donde ha permanecido hasta la fecha viviendo en el subsuelo de esa iglesia.
En diciembre pasado, tras el anuncio presidencial del Programa de Acción Diferida para Padres (DAPA), Ana Hernández García, esposa de Arturo Hernández, y las dos hijas del matrimonio marcharon por el centro de Denver hasta el edificio de la corte federal para pedir aclaración sobre su situación migratoria.
Anteriormente, la madre y sus hijas habían viajado hasta Washington DC para entrevistarse con congresistas y para entregarles a los legisladores cartas con testimonios de niños cuyos padres fueron deportados.
Un mes después de la “marcha y vigilia” en Denver, llegó la respuesta del gobierno federal al pedido de los Hernández García, pero no la respuesta que ellos deseaban.
Según Piper, Ana Hernández García y sus hijas, acompañadas por dirigentes religiosos y comunitarios, marcharán nuevamente este miércoles al mediodía hasta la corte federal de Denver, esta vez para protestar por la decisión de la fiscal Almeida.
Tras la marcha, dijo Piper, “habrá canciones, oraciones y obras de arte en la calle a favor de Arturo”.
Esa acción pública es necesaria, consideró la dirigente, porque “son muchas las familias residentes en Colorado que siguen, como Arturo, resistiendo la deportación, padeciendo largas esperas y sufriendo por falta de justicia en sus casos”.
Hernández García ingresó legalmente a Estados Unidos en 1999, proveniente de Chihuahua, México, pero luego se quedó dentro del país tras el vencimiento de su visa original. Su hija mayor era bebé cuando su familia dejó México. Su hija menor nació en Colorado.
Un incidente en 2010 (cuando un compañero de trabajo lo atacó) llevó a que las autoridades descubriesen la situación irregular del mexicano, ordenando su deportación a pesar de que no existen cargos en su contra.
