DENVER, Estados Unidos, jun. 11, 2014.- Cientos de representantes de varias industrias y sectores civiles de Colorado se reunirán hoy en una universidad privada de Denver para capacitarse sobre una ley, que obliga a denunciar presuntos casos de fraude o de abuso de ancianos, una medida que, según una experta local, ayudará a proteger también a los ancianos hispanos.
“Todos los ancianos son vulnerables a ser víctimas de abuso o de fraude o robo de identidad, pero en el caso de los ancianos hispanos, especialmente si son inmigrantes, los victimarios asumen que sus crímenes no serán denunciados”, manifestó Barbara Martin-Worley, directora de la Oficina de Protección contra el Fraude del Distrito Judicial 17 de Colorado.
Los ancianos, explicó Martin-Worley, quien además es experta en gerontología, resultan particularmente vulnerables a fraudes cometidos por teléfono o por correo, o en persona, sea en la vivienda de la víctima o en otro lugar, como el estacionamiento de una tienda.
Y aunque esos fraudes, así como el abuso o el descuido de ancianos en sus propias casas (y a menudo por sus propios familiares) ocurren con frecuencia, las autoridades no pueden intervenir a menos que se hayan recibido las denuncias correspondientes.
La nueva ley, SB13-111, vigente a partir del 1 de julio próximo, exige que se reporten dentro de las 24 horas los casos de abuso físico o de explotación financiera de ancianos y establece sanciones para quienes no lo hagan. Colorado es uno de sólo tres estados sin este tipo de ley.
Por eso, el Departamento de Servicios Humanos de Colorado, junto con varios fiscales de distrito y otras agencias del gobierno, convocaron para hoy de manera obligatoria a unos 400 médicos, banqueros, trabajadores sociales, religiosos dirigentes comunitarios y profesionales de distintas áreas para capacitarlos sobre la ley SB13-111.
“Esta conferencia proveerá información detallada sobre las nuevas denuncias obligatorias estipuladas en la nueva ley y sobre cómo identificar el abuso de ancianos, así como el proceso para presentar las denuncias y las responsabilidades legales”, comentó Ana Mostaccero, directora de comunicaciones del Departamento de Servicios Humanos de Denver.
La ley, que para su aprobación contó con el respaldo de siete legisladores estatales hispanos, se basa en el hecho que se debe proteger especialmente a los mayores de 70 años, cuyo número crecerá un 28 por ciento en los próximos tres años en Colorado, y, hacia 2032, será más del doble que en la actualidad, mientras que la cantidad de ancianos hispanos se triplicará.
En 2012, año más reciente con estadísticas completas, se recibieron en Colorado 11.000 denuncias de abuso de ancianos, generando unas 4.700 investigaciones policiales.
“No hay dos personas que envejezcan de la misma manera. Por eso, todos debemos participar para proteger a nuestros ancianos”, comentó Martin-Worley.
