ATLANTA, Estados Unidos, may. 20, 2014.- Activistas y “dreamers” protestaron hoy frente a la sede de la Junta de Regentes de Georgia para exigir el fin de una medida que les impide estudiar en las universidades más competitivas del estado.
La Junta de Regentes aprobó en el 2011 una medida que exige a las universidades estatales con cupo limitado negar el acceso a estudiantes indocumentados para dar prioridad a residentes legales y ciudadanos.
De acuerdo con activistas y “dreamers”, la medida crea un nuevo tipo de “segregación” basado en el estatus migratorio y afecta a las universidades que hasta hace unas décadas negaban el acceso a los estudiantes afroamericanos.
La protesta, en la que varios participantes interrumpieron la reunión de las autoridades educativas con consignas en contra de la medida 4.1.6, terminó con el arresto de 8 personas; tres estudiantes, cuatro activistas y un profesor universitario por desobediencia civil.
Luego de interrumpir la sesión para pedir el fin de la medida, los “dreamers” Lucino Gopar, Diana Umana y Arturo Martínez fueron escoltados afuera de la sala mientras gritaban “Lift the ban” (levanten la prohibición) y “Education not segregation” (educación, no segregación).
“Yo soy ciudadano estadounidense y esta Junta de Regentes debería estar avergonzada por la forma en la que estos estudiantes están siendo tratados. Ellos tienen derecho a educación asequible y de calidad”, dijo uno de los activistas antes de ser escoltado afuera de la sala donde se llevaba a cabo la sesión que fue interrumpida.
De los 318 mil estudiantes inscritos en el sistema de universidades del estado en el año en que empezaron a implementar la prohibición, solamente cerca de 300 eran indocumentados y 29 de ellos estaban inscritos en las cinco universidades que no permiten la matrícula a los indocumentados, de acuerdo con cifras oficiales.
Asimismo, los estudiantes indocumentados que quieran estudiar en las universidades de Georgia deben pagar la tarifa reservada a las personas que no son residentes del estado, que generalmente es tres o cuatro veces mayor comparada a la que pagan quienes son residentes de Georgia.
Previo a la implementación de la medida, los inmigrantes indocumentados podían estudiar en cualquiera de las universidades del estado aunque no podían recibir ayuda federal o estatal.
Los “dreamers” aún no han sido liberados, de acuerdo con el abogado de inmigración, Charles Kuck, quien manifestó que podían ser puestos en libertad en cualquier momento debido a que todos se benefician de la Acción Diferida (DACA), programa que les otorga presencia legal en Estados Unidos.
Kuck representa a los 39 beneficiarios de DACA en una demanda contra la Junta de Regentes de Georgia, que tiene como objetivo que estos estudiantes puedan pagar matrícula universitaria como residentes del estado.
Los demandantes alegan que las autoridades educativas no reconocen el estatus legal que les otorga DACA, con el cual no deberían tener impedimento para estudiar en cualquier universidad de Georgia y poder acceder a la tarifa de matrícula reservada para residentes del estado.
“Ellos (la Junta de Regentes de Georgia) todavía no han explicado, durante el litigio, la razón por la que ellos han interpretado la ley directamente al contrario”, declaró a Efe Kuck, quien espera una decisión del juez para este mes de mayo.
El juez John Goger, de la corte estatal de Fulton, escuchó a ambas partes el pasado 6 de mayo durante la última audiencia sobre el caso aunque no dio su veredicto.
La organización Moral Monday Georgia, que participó en la protesta y cuyos activistas fueron arrestados, ha creado un fondo para ayudar a pagar la fianza de los activistas y estudiantes detenidos a través de la página de internet: https://actionnetwork.org/fundraising/georgia-civil-disobed ience-fund.
