LOS ANGELES, Estados Unidos, mar. 20, 2015.- Dos policías hispanos que entablaron una demanda por discriminación al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés) recibieron el fallo favorable del jurado que vio su caso y fueron indemnizados con cerca de 4 millones de dólares.
Los oficiales Allan Corrales, de 35 años, y George Diego, de 34, presentaron una demanda en 2012 en la que alegaron les fueron negadas las posibilidades de ascenso y se les relegó a trabajo de escritorio, tras un incidente en el que mataron a tiros a un sospechoso afroamericano, y cuyas consecuencias profesionales fueron peores por ser agentes latinos.
En un veredicto dado a conocer ayer, luego de que un jurado de la Corte Superior de Los Ángeles deliberara por cerca de dos días, a Corrales se le otorgó una indemnización de 2 millones de dólares y a Diego otra de 1,9 millones.
Los oficiales, ambos con aproximadamente 12 años de servicio, se enfrentaron con Steven Eugene Washington, de 27 años, y le dispararon dándole muerte el 20 marzo de 2010.
El abogado de los dos hispanos, Gregory Smith, argumentó que si los dos oficiales hubieran sido afroamericanos, no se les hubiera destinado a trabajo de oficina y señaló que fueron castigados porque “eran dos oficiales hispanos que dispararon a un afroamericano desarmado”.
Ambos oficiales argumentaron que el jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, tenía el poder de decidir que los oficiales vuelvan a patrullar las calles, pero no lo hizo por una decisión de la Comisión de la Policía.
Durante su comparecencia en los tribunales el pasado lunes, Beck afirmó que la raza de los agentes no tuvo nada que ver en esta caso y recordó que el 50% de sus oficiales son de origen hispano, tal como recoge el medio local CBS Los Ángeles.
“No tengo seguridad en su habilidad para actuar en el campo”, manifestó Beck.
Por su parte, en defensa del LAPD, el abogado de la fiscalía de Los Ángeles, Daniel Aguilera, aseguró en su argumentación de cierre que no era correcto otorgar millones de dólares a dos oficiales que no cumplieron con el entrenamiento de la policía al usar innecesariamente sus armas.
Durante la investigación realizada por las autoridades, la Comisión de la Policía encontró que los dos policías no habían actuado correctamente, especialmente Corrales cuyos disparos dieron muerte a Washington. Diego disparó su arma aunque sus disparos no alcanzaron a la víctima.
A pesar de haber recibido una notificación por sus acciones y verse restringidos a trabajo de escritorio, los dos agentes continuaron recibiendo su salario completo y sus beneficios.
Por su parte, los familiares de Washington demandaron a la ciudad por este caso y luego llegaron a un acuerdo económico.
