CHARLOTTE, Carolina del Norte, jul. 15, 2013.- Los representantes de Carolina del Norte aplazaron hoy a última hora la votación del controvertido proyecto de ley que otorgaría licencias restrictivas de conducir a indocumentados y que, al mismo tiempo, autoriza a las agencias del deber a revisar el estatus migratorio de los detenidos.
La oficina del autor principal de la HB 786, o el Acta "Razonable y Comprensiva Legislación para Resolver los Asuntos de Inmigración en Carolina del Norte" (RECLAIM NC), el representante republicano Harry Warren, confirmó a Efe que "el debate se realizará mañana para dar más tiempo a las discusiones".
El retraso demuestra una vez más las difíciles negociaciones que se están llevando a cabo para lograr que la HB 786 avance su proceso legislativo y llegue al escritorio del gobernador republicano Pat McCrory.
Al menos 15 grupos comunitarios de base y de defensa de los inmigrantes a nivel estatal han mostrado su oposición al proyecto argumentando que "incrementará el perfil racial hacia los inmigrantes y generará un gasto adicional para los gobiernos locales".
Por su parte, los grupos conservadores se oponen a que los legisladores otorguen el privilegio de conducir a los indocumentados y demandan que la medida se enfoque únicamente en combatir la presencia ilegal de los "sin papeles".
"Existen objeciones de algunos legisladores y se va a tardar un día más", declaró hoy a Efe Maudia Meléndez, directora de la organización Jesus Ministry en Charlotte.
El grupo de Meléndez inició hace más de dos años las conversaciones con los legisladores republicanos sobre el tema de las licencias de conducir para los inmigrantes al asumir éstos el control de la Asamblea General en 2010 y la gobernación en 2012.
"Nunca paramos de trabajar y hacer viajes constantes a Raleigh (la capital), ayunar, oramos a Dios por un milagro, y finalmente esperamos que nuestros indocumentados puedan manejar sin miedo", destacó a Efe Meléndez.
Según la propuesta, para obtener un permiso restrictivo de conducir o una identificación de Carolina del norte, con validez de un año, el solicitante deberá someterse a la revisión de sus antecedente penales, admitir que es indocumentado, y demostrar que ha vivido en el estado por un año y antes del 1 de abril de 2013.
Asimismo, pagar el seguro del vehículo por adelantado y por el tiempo de duración del permiso (un año), presentar un certificado válido de nacimiento, pasaporte vigente del país de origen, o copia de la más reciente declaración de impuestos, o el número de identificación tributaria (ITIN).
En cuanto a la controvertida cláusula que autoriza a las agencias del deber de revisar el estatus migratorio de un individuo detenido o arrestado cuando se "sospeche" que su situación migratoria es irregular, la ley estipula que debe hacerse en un periodo de dos horas después de una detención legal por una infracción previa.
Los que presenten el permiso restrictivo o su identificación a las autoridades del deber no serán sometidos al proceso de indagación de su situación migratoria.
Sin embargo, el proyecto de ley deja claro que dicha investigación no debe realizarse con base en la raza, color, o etnia de la persona, y no se podrá arrestar a los individuos sólo para verificar su estatus legal.
Además, la HB 786 incrementa las penalidades por posesión, fabricación y venta de documentos falsos de identidad, y elimina el derecho a fianza en casos relacionados con crímenes sexuales, delitos por drogas, pandillas, entre otros.
Estipula que los indocumentados deberán pagar por su encarcelación si han sido encontrados culpables de faltas graves, y prohíbe el uso de la matrícula consular u otros documentos de identidad no oficiales ante las autoridades del estado.
A su vez, autoriza la confiscación del vehículo de una persona acusada de conducir sin licencia, permiso restrictivo o sin seguro de auto, y obliga al infractor a pagar los servicios de la grúa y otros gastos.
Establece además el uso del sistema federal E-Verify para las empresas que realizan trabajos con el Gobierno para comprobar que tienen trabajadores legales, pero no impondrá penalidades a los empleadores que contraten a personas que presenten el permiso restrictivo de manejo o la identificación.
La información de los solicitantes del permiso de conducir que tramitará el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) deberá protegerse, y no se podrá compartir con otras agencias del gobierno como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
A más tardar el 1 de mayo de 2015, el secretario de Seguridad Pública deberá presentar un informe sobre la aplicación de la ley, que incluya el número de personas detenidas, los que fueron sometidos a revisión del estatus migratorio, los que resultaron indocumentados, y otros datos como el país de origen.
"Analizamos las enmiendas y no sólo los abogados, sino con cientos de inmigrantes que asistieron a foros comunitarios y continuamos oponiéndonos. La ley es más perjudicial que beneficiosa, ya que encarcelará a más inmigrantes de lo que se hace en la actualidad", enfatizó hoy a Efe Dani Moore, del Centro de Justicia.
El Centro Hispano Pew estima que en Carolina del Norte residen unos 325.000 indocumentados que contribuyen con el pago de 318 millones de dólares al año en impuestos federales y estatales.
