Cada 24 horas un policía es asesinado en México; aunado al riesgo laboral que enfrentan, la mayoría de los uniformados no cuentan con prestaciones que les brinde protección social a sus viudas y huérfanos.
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Miguel Garza, director de Investigación de INSYDE, dijo: “La mayoría de las instituciones no está considerado un seguro de vida o una remuneración una vez que pierde la vida el policía”.
Sinaloa es una de las entidades donde las viudas de los policías denuncian el abandono institucional.
El gobierno del estado dejó de contratar seguros de vida a los uniformados para ahorrar dinero y entregar el recurso de manera directa en caso de que haya una baja, dijo a ‘Despierta’ el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Sinaloa.
Mario Rafael González, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, comentó: “La realidad que tenemos 600 policías y pagamos entre 60 y 70 millones para un seguro de vida que se utilizaba para 3 o 4 personas en el año. Entonces se opta en lugar de gastar 60 millones, en pagar 4 millones directamente”.
Las esposas de los policías asesinados en Sinaloa aseguran que cobrar la pensión es un viacrucis.
Andrea Félix, presidenta de la Asociación de Familias de Policías Caídos, en Sinaloa, señaló: “Con el gobierno de Quirino Ordaz hemos tenido más trabas. Es cuando a la viuda se le está pensionando después de dos años”.
Carolina Beltrán, viuda de policía estatal en Sinaloa, explicó: “Durante el velorio, durante esa vivencia, sí fue el secretario, sí fue el subsecretario a dar las condolencias, a comprometerse a apoyar a la familia, cosa que no ha sucedido”.
El subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Carlos Alberto Hernández, aseguró que sí hay apoyo a los familiares de los policías asesinados y pidió a los diputados asumir su corresponsabilidad.
Carlos Alberto Hernández, subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, comentó: “El Congreso del estado tiene que gestionar los recursos para que se puedan asignar esas pensiones a las viudas”.
Las organizaciones Causa en Común e INSYDE señalan que la falta de un marco legal que brinde seguridad social a los policías es el principal problema.
El Índice de Desarrollo Policial 2018 elaborado por Causa en Común, señaló que 20 estados no brindan las prestaciones mínimas de ley a los policías, destacan los casos de Nayarit y Tamaulipas que no aportaron evidencias de otorgar seguros de vida a los policías estatales.
Mientras que Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala ni siquiera cuentan con seguros de gastos funerarios para sus policías.
No obstante, los más desprotegidos son los municipales, aseguran INSYDE y Causa en Común.
Las esposas de los policías desaparecidos enfrentan otro calvario.
Hugo Heriberto Hernández, policía de Navolato, Sinaloa, fue sacado de su vivienda por hombres armados en 2010.
Su esposa aseguró que en estos nueve años, el ayuntamiento de Navolato no le ha dado algún apoyo económico.
En la Policía Federal también hay casos.
Es el caso de Juan Serafín Hernández, quien lleva año y medio desaparecido.
La última vez que se le vio fue en la parada de autobuses 5 de mayo, en Tecámac, Estado de México, tenía pocos días de haber sido asignado como escolta de Jorge Alberto Rodríguez Calderón, exfuncionario del anterior gobierno federal.
La esposa de Juan Serafín, aseguró que a pesar de haber presentado la denuncia, la Policía Federal se negó a apoyarla e incluso les retiró el servicio del ISSSTE.
Sandra empezó una batalla legal y después de nueve meses logró que le restituyeran el salario de su esposo.
Con información de Luis Pavón
LSH
