Vicepresidenta de Nicaragua acusa a ‘golpistas’ por muertes en protestas

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosarillo Murillo, acusó a “golpistas” de 197 muertes durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

“Son 197 hermanos cuya vida fue cegada por el terrorismo golpista, por los criminales. Ellos lo mataron”, sentenció Murillo.

Que paguen por sus crímenes, ellos los golpistas asesinaron a estos hermanos

Murillo sustentó la cifra de muertos en un informe presentado este martes por la Policía que señala que entre el 19 de abril y el 25 de julio murieron “víctimas del terrorismo golpista”.

Las autoridades nicaragüenses reconocen el deceso de 22 policías y sólo cinco estudiantes universitarios.

La vicepresidenta dijo que el gobierno sabe quiénes dirigieron, promovieron, financiaron y ejecutaron “el golpe de estado, ese sangriento intento de detener el buen rumbo que llevaba” Nicaragua.

Pero “vencimos, somos libres, no pudieron y no pasarán”, dijo la esposa del presidente al referirse a los manifestantes que el gobierno también ha calificado de “derechistas, satánicos, vandálicos, delincuentes” y personas “diabólicas”.

En su intervención, pidió varias veces justicia para las víctimas de “los golpistas” y desconoció la responsabilidad del gobierno en la violenta represión que se ejerció contra los manifestantes, que según organizaciones de derechos humanos dejan 317 muertos y al menos 2 mil heridos.

Rosario Murillo señaló que las cifras han sido manipuladas para “para dañar la imagen del gobierno de Nicaragua”, y rechazó que exista una campaña “de difamación nacional e internacional” contra la administración del presidente Ortega.

Los grupos de derechos humanos por su lado afirman que los muertos fueron ocasionados por la violenta represión cometida por antimotines y paramilitares.

La oposición denunció que el gobierno ha emprendido una fuerte persecución y detenciones ilegales contra activistas y las personas que participaron en las protestas.

En tanto, más de 130 opositores han sido detenidos y encausados judicialmente en los últimos días por terrorismo y otros delitos en base a una ley promovida por el gobierno que castiga con hasta 20 años de prisión la participación en actividades que alteren el orden constitucional.

Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones que luego se transformó en una demanda de salida del poder de Ortega debido a la represión y las muertes.

Con información de Efe.

FJMM