El jefe del Parlamento, el líder opositor Juan Guaidó, quien se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino de Venezuela, informó este jueves que agentes de la Policía fueron a su casa y preguntaron por su esposa, Fabiana Rosales, a quien esperaban interrogar, pero ella no estaba.
Guaidó responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro por la seguridad de su familia, y dijo que conoció la noticia gracias a la alerta de varios de sus vecinos, a los que agradeció.
“Están evidentemente midiendo la capacidad de reacción, y otra vez el jueguito les sale mal”, dijo Guaidó a periodistas al acudir a su casa y encontrar que los uniformados habían abandonado el lugar.
“Hostigaban a mi familia, porque sabemos que ese es el modus operandi”, añadió.
Informó que en su casa solo se encontraban su hija, de 20 meses, y una de las abuelas de la menor.
El opositor dijo que los funcionarios, que llegaron a bordo de motocicletas y una camioneta y se identificaron como miembros del Fuerza de Acciones Especiales -Faes-, “preguntaron” en la caseta de vigilancia por su esposa, que le acompañaba en un acto en Caracas en el que presentó un programa de desarrollo que será puesto en marcha en una eventual transición.
“Ellos son los que quieren pasar la línea roja”, dijo.
Asimismo, reiteró su llamado a los funcionarios policiales a adherirse a una ley de amnistía que sancionó hace semanas el Parlamento, y que garantiza el perdón para quienes desobedezcan el mandato de Maduro.
Los vecinos del sector se apresuraron de inmediato al frente del edificio de apartamentos, golpeando cacerolas.
El incidente se produjo horas después de que el Parlamento Europeo llamase a los estados miembros de la Unión Europea para que reconozcan a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Juan Guaidó y su pequeña hija. (EFE)
Guaidó fue detenido el pasado día 13 por funcionarios del servicio de inteligencia (Sebin) cuando acudía a un cabildo abierto con simpatizantes en el estado de Vargas, cercano a Caracas y del cual es natural.
Entonces, fue liberado tras media hora de retención, según dijo, aunque el Gobierno de Maduro detuvo a los policías, a lo que ahora se acusa de haberse prestado para un “falso positivo”.
Estos sucesos ocurren en medio de la tensión que se disparó en Venezuela cuando el 23 de enero, Guaidó se proclamó presidente interino, y ante la presunta “usurpación” que, aseguró, hace Maduro de la Presidencia.
El líder chavista ganó con amplitud los comicios presidenciales del pasado mayo, a los que no se presentó el grueso de la oposición por estar presos e inhabilitados sus principales dirigentes y por considerarlos fraudulentos.
Por ello, la oposición afirma que Maduro “usurpa” la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es “ilegítimo” y, por tanto, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna.
Maduro, por su parte, sostiene que fue elegido en elecciones libres y acusa a Washington, a la UE y a la mayoría de los países latinoamericanos de orquestar un golpe de estado al respaldar a Guaidó e imponer sanciones petroleras punitivas.
Mientras tanto, los abogados en Washington de Juan Guaidó pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que amplíe las medidas cautelares para su representado ante “la inminencia de su detención”, en una solicitud cuyo contenido fue difundido este jueves.
El pasado 25 de enero, la CIDH otorgó medidas en favor de Guaidó, que preside la Asamblea Nacional (Parlamento, AN) de Venezuela, al considerar que sus “derechos a la vida e integridad” están en “situación de riesgo” tras su autoproclamación y pidió al Estado venezolano su protección.
Desde entonces, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha decretado una serie de medidas contra Guaidó mientras inicia una investigación: la prohibición de salir del país, la prohibición de enajenar sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Los abogados de Guaidó consideraron a raíz de esta decisión que “existen indicios suficientes sobre la posibilidad de una detención arbitraria” de su representado y que esta situación “pone en peligro su vida y su integridad personal”.
La inminencia de su detención deriva del carácter arbitrario del actuar del Tribunal Supremo de Justicia. Su falta de independencia e imparcialidad se suman a la práctica arbitraria de decisiones express que conllevan a órdenes de detención contra innumerables líderes opositores”, argumentaron.
Por todo ello, los abogados solicitaron a la CIDH que amplíe las medidas cautelares previamente otorgadas el pasado día 25 para proteger su vida y la de su familia, y también le pidieron que garantice que Guaidó pueda ejercer como “presidente encargado de Venezuela”.
“Garantizar que Juan Guaidó pueda llevar a cabo las actividades como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de Venezuela sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en ejercicio de sus funciones”, demandaron.
Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero al considerar “ilegítimo” al Gobierno de Nicolás Maduro y rápidamente recibió el reconocimiento de Estados Unidos y de sus aliados en América Latina, como Colombia, Brasil o Argentina, agudizando la crisis que atraviesa desde hace años la nación caribeña.
Con información de agencias
AAE
