El Tribunal vaticano condenó a dos años y seis meses de reclusión al empresario italiano Angelo Proietti por el delito de blanqueo de capitales a través de una cuenta del Instituto para Obras de Religión (IOR), el banco vaticano.
El ciudadano italiano utilizó una cuenta que tenía abierta en el Instituto para las Obras de Religión (IOR, conocido coloquialmente como “banco del Vaticano) para ocultar dinero ilícito.
La oficina de prensa del Vaticano informó que la sentencia que se emitió el pasado día 17 también incluye la confiscación de un millón de euros, que había sido ya retenido en 2014 por las autoridades vaticanas.
Se trata, añade la nota, de la primera vez que en el Estado vaticano se aplica una condena por el delito de lavado de dinero previsto en el artículo 421-bis del Código Penal.
Imagen aérea del Vaticano (Getty Images, archivo)
Proietti había sido arrestado por bancarrota fraudulenta en mayo de 2016 en una investigación de la Fiscalía de Roma y se comprobó que tenía cuentas en el IOR con su empresa de construcción que había recibido algunas contratas del Vaticano.
Las investigaciones son fruto de la colaboración entre el promotor de Justicia vaticano (fiscal), la Autoridad de Información Financiera (AIF), la Gendarmería vaticana y la magistratura italiana.
La sentencia del tribunal asume fundamental importancia en la óptica del sistema de prevención al lavado de dinero y de combate al financiamiento del terrorismo puesto a punto por el Estado Vaticano en los últimos años, indicó el Vaticano.
El empresario romano se hizo famoso hace algunos años por una investigación sobre un lujoso apartamento que restructuró y puso a disposición, gratuitamente, del entonces ministro de Economía, Giulio Tremonti.
Luego, en mayo de 2016, terminó con un arresto domiciliario acusado de bancarrota fraudulenta de su empresa, Edil Ars. Ya entonces, la Guardia de Finanza italiana había identificado que la compañía era titular de diversos contratos con entes del Vaticano.
Entre otros, prestaba servicio a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, a la universidad Lumsa y al Hospital del Niño Jesús.
En el curso de sus pesquisas, los policías financieros accedieron a la cuenta personal del empresario abierta en el IOR y confirmaron que recibía allí cuantiosos pagos que, al contrario, debía haber recibido la empresa luego declarada en bancarrota.
Así, Proietti debió afrontar no sólo problemas con la justicia de Italia sino también con la justicia del Vaticano. Esta última, en práctica, confirmó la hipótesis de delito avanzada por sus homólogos italianos de que el dinero presente en su banco provenía de la bancarrota fraudulenta.
Con información de EFE y Notimex
AAE
