La administración del presidente Donald Trump recibió dos reveses por parte de la justicia de Estados Unidos, luego que magistradas federales bloqueron dos iniciativas en materia migratoria.
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La jueza de la Corte Federal del Distrito de Columbia, Ketanji Brown Jackson, emitió una orden judicial preliminar que frena temporalmente una iniciativa del gobierno para ampliar el uso de un proceso que acelera la deportación de migrantes indocumentados sin la participación de los tribunales de migración.
El procedimiento de “expulsión acelerada” se utilizó para regresar a México a los migrantes que fueran detenidos en territorio estadounidense, en un área de 100 millas (160 kilómetros) del límite marcado por la frontera sur y que la hubieran cruzado dos semanas antes de ser aprehendidos.
Sin embargo, en julio pasado el Departamento de Seguridad Interna (DHS) emitió un reglamento para ampliar esta “deportación expedita a los cientos de miles de migrantes indocumentados que no lograran demostrar que se encontraban en Estados Unidos desde hace más de dos años.
Esa medida no se aplicaría a los ciudadanos y residentes legales, además que tampoco afectaría a personas con casos de asilo u otros trámites migratorios pendientes, o a quienes entraron legalmente y permanecieron en Estados Unidos con visas vencidas.
En su fallo, la jueza Jackson consideró que no había indicios de que los funcionarios tomaran en cuenta las posibles repercusiones de esa política de aceleración de las deportaciones en las vidas de cientos de miles de migrantes indocumentados y sus familias.
El dictamen de Jackson, emitido la noche del viernes, entró en vigencia de inmediato, por lo que el Departamento de Seguridad Interna no podrá implementar la política hasta que se cumpla el proceso de apelaciones sobre esta cuestión.
La resolución se dio a conocer horas después de que la jueza de distrito en Los Ángeles, Dolly Gee, bloqueó las reglas del gobierno que permitirían mantener a los menores inmigrantes en instalaciones de detención con sus padres por tiempo indefinido.
De acuerdo con la magistrada Gee, las nuevas reglas no cumplen con el acuerdo Flores, alcanzado en 1997, que ordena al gobierno dejar a los niños en libertad bajo tutela de un familiar que viva en Estados Unidos lo más pronto posible y que sólo estén detenidos en instalaciones que cuenten con autorización estatal.
Con información de Notimex
HAVJ
