El Tribunal Constitucional (TC) español rechazó este martes las alegaciones del líder independentista Carles Puigdemont contra la prohibición de que sea investido presidente de la autonomía de Cataluña sin comparecer en el Parlamento regional.
En un auto dictado el sábado, el TC había suspendido cautelarmente su investidura si el candidato no está presente en la cámara legislativa regional y cuenta con un permiso judicial para ello, criterio que ratificó hoy.
Puigdemont está huido de la Justicia española, que lo investiga por promover ilegalmente la independencia de Cataluña cuando era presidente de esta región española.
El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, lo había destituido el 27 de octubre pasado -cuando era presidente de Cataluña-, después de que el anterior Parlamento catalán aprobara una declaración a favor de la independencia unilateral.
En las elecciones autonómicas del 21 de diciembre pasado, los partidos independentistas sumaron mayoría absoluta, y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, propuso a Puigdemont –diputado electo- como candidato a presidente de Cataluña, en una sesión plenaria convocada para hoy.
Los magistrados del TC se reunieron hoy para resolver sobre el recurso contra la prohibición de una investidura a distancia presentado ayer por Puigdemont y los diputados electos de Junts per Catalunya (JxCat), la candidatura electoral independentista de centroderecha que él encabeza.
Entre sus argumentos, el TC recuerda que la autonomía parlamentaria no lo coloca ni a él ni al propio Parlamento catalán al margen de la obligación de cumplir la Ley.
Puigdemont y sus diputados se oponían a las advertencias del TC al Parlamento catalán de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas”, apercibiendo de eventuales responsabilidades, “incluida la penal”, en caso de no atender tal requerimiento.
Tales advertencias, según el TC, no son contrarias a la autonomía parlamentaria, pues las resoluciones del alto tribunal “deben ser cumplidas también por las cámaras legislativas”.
El TC dio el sábado diez días a las partes, empezando por el Parlamento catalán, para que alegaran sobre si debe tramitar el recurso que el Gobierno español presentó el viernes contra la convocatoria del pleno para investir a Puigdemont sin su presencia y también para que argumentaran sobre la suspensión cautelar.
GOBIERNO ESPAÑOL CELEBRA QUE SE APLACE LA SESIÓN PARA INVESTIR A PUIGDEMONT
Por su parte, el Gobierno español se congratuló hoy de la decisión de aplazar la sesión de investidura de Carles Puigdemont como presidente de Cataluña, que interpreta como muestra del “respeto a la legalidad” y una “consecuencia obligada de la actuación del Estado de Derecho”.
Tras conocer la decisión de Torrent, fuentes del Ejecutivo español insistieron en que “el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno”, en el cual “se iba a investir de manera fraudulenta” a Puigdemont, “es la consecuencia obligada de la actuación del Estado de Derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales”.
En este sentido, argumentaron que, “gracias al recurso” que el Gobierno presentó en el Tribunal Constitucional el viernes pasado y las medidas cautelares dictadas por este órgano, “se ha evitado” que hoy se hubiera producido una “burla” a la democracia española.
Además, el Ejecutivo remarca que los independentistas catalanes “saben que están obligados a cumplir la Ley, como el resto de ciudadanos”, y reafirma su compromiso para seguir velando por defender la legalidad y las instituciones “en todo momento”.
Minutos antes de que Torrent anunciara el aplazamiento de la sesión parlamentaria, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en una entrevista televisada, advertía de las responsabilidades en las que aquél y quienes le apoyasen incurrirían en caso de que siguiera adelante con el pleno de investidura.
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Con información de EFE
AAE
