Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmaron las sanciones que la Auditoria Superior de la Federación impuso al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gerardo Ávila García, para que pague más de 188 millones de pesos y al exdirector de Bienestar y Estímulos a la Juventud, del Instituto Mexicano de la Juventud, Juan Carlos Rico Campos, para que pague un millón de pesos, por hechos relacionados con la llamada “Estafa Maestra”.
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Durante la sesión de miércoles, los magistrados analizaron por separado, dos juicios de lo contencioso administrativo.
El primer juicio que se analizó fue el del ex director de Bienestar y Estímulos a la Juventud, Juan Carlos Rico Campos.
En su ponencia, el magistrado Rafael Estrada Sámano dijo que Juan Carlos Rico aseguró que la Auditoría Superior fue omisa al no especificar si el daño al erario se consumó antes o después de que la Universidad Autónoma de Morelos entregó los recursos que fueron transferidos supuestamente de manera ilegal a una asociación civil.
“Aseguró en su demanda que la autoridad no citó el precepto legal que le daba competencia para actuar en contra del acusado y pidió que la auditoría superior de la federación al fincar la responsabilidad resarcitoria fue omisa en señalar que si el daño se realizó en el momento en que el Instituto Mexicano de la Juventud, entregó los recursos económicos a la universidad autónoma del estado de Morelos o al momento en que dicha universidad transfirió indebidamente los recursos a la asociación civil “México Crece”, dijo Rafael Estrada Sámano, magistrado.
El magistrado argumentó que el acusado no fundamentó sus argumentos, por lo que confirmó la sanción impuesta por la Auditoría, para el pago de un millón de pesos.
En el segundo caso, los magistrados confirmaron la multa impuesta por la Auditoría Superior al exrector de la Universidad Autónoma de Morelos, Gerardo Ávila García, para el pago de casi 188 millones 700 mil pesos.
Ponencia del magistrado Guillermo Valls Esponda
“Se le determinó la calidad de existencia de responsabilidad resarcitoria, en calidad de responsable directo, por el que debe de responder de manera solidaria, mancomunada, respecto del daño causado a la hacienda pública federal por la cantidad de 188 millones 692 mil 657 pesos”, detalló Guillermo Valls Esponda, magistrado.
El magistrado aseguró que la Auditoría Superior justificó que la Universidad Autónoma de Morelos subcontrató de manera ilegal los servicios de una empresa, a la cual le transfirió los recursos públicos, a pesar de que, por ley, sólo podía contratar el 49% de los servicios.
Con información de Mario Torres
HVI
