Tribunal de la CDMX suspende contrato de instalación de planta de basura

Tribunal suspende contrato de instalación planta de basura

El Tribunal de Justicia Administrativa aclaró que este fallo aún no es definitivo (GettyImages/Archivo)

La Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la suspensión del contrato para la construcción e instalación de una planta que manejaría la basura de la capital del país para generar energía eléctrica al Metro.

El contrato es por 30 años y el Gobierno de la Ciudad de México pagaría a una empresa particular 80 mil 603 millones 40 mil pesos.

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En el juicio de nulidad TJ/V-65615/2018, interpuesto por Adriana Gutiérrez Medina, un particular que argumentó que el contrato firmado entre el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Gestión Urbana y la sociedad denominada “Termo Wite SA de CV”, se explica que es grave perjuicio para los habitantes de la Ciudad de México.

En la página 5 de la resolución se lee: “la actora sostiene que, de no concederse la suspensión, la sociedad resentiría un grave perjuicio…” y se agrega: “no representa un gasto conveniente para el Gobierno de la Ciudad de México, dado que el precio pactado por la suministración de los servicios es por mucho, mayor al precio de mercado en un proyecto de esa naturaleza”.

El contrato fue firmado el 7 de mayo de 2017.

En él se establece: “la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta de aprovechamiento de poder calorífico de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad de México para la generación de productos contratados para suministro eléctrico”.

Según el contrato, esta empresa “Termovalorizadora de basura” produciría energía eléctrica a cambio de un pago mensual de 223 millones 897 mil 333 pesos, pero a 30 años, la deuda del Gobierno de la Ciudad de México superaría los 80 mil millones de pesos.

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En la resolución se lee: “las consecuencias de un mal manejo del presupuesto público son, además, particularmente graves para las personas, grupos y colectividades históricamente excluidas, en especial para quienes viven en situación de pobreza y pobreza extrema en el país”.

El Tribunal de Justicia Administrativa aclaró que este fallo aún no es definitivo.

Con información de Mario Torres

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