La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició un total de 189 denuncias penales relacionadas con las investigaciones del llamado “Cártel Inmobiliario“, que operó en la alcaldía Benito Juárez.
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Las carpetas de investigación son por posibles irregularidades en cumplimiento por parte de desarrolladores inmobiliarios, comercializadores, autoridades locales y hasta notarios públicos.
Según las investigaciones, los exfuncionarios de Benito Juárez recibieron alrededor de 40 departamentos de alto valor de diversas inmobiliarias, a cambio de autorizar permisos para construcciones irregulares, sobre todo con un mayor número de pisos de los permitidos.
“Dichas denuncias son muestra clara de probables delitos como quebrantamiento de sellos de clausura, fraude, delitos ambientales, uso indebido de atribuciones y facultades por parte de servidores públicos, y de responsabilidad profesional y técnica por faltar a la normatividad de uso de suelo”, indicó Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX.
Lara detalló que se llamó a comparecer a las personas que habitan en los departamentos de lujo, que ya fueron cateados y que eran propiedad de exfuncionarios de la alcaldía, como Nicias “N”, exdirector general de Obras y Desarrollo Humano, y Luis “N”, exdirector Jurídico, en Benito Juárez.
Los arrendatarios señalaron que pagaban entre 25 mil y hasta 40 mil pesos mensuales por vivir en esos lugares. Los depósitos los realizaban a familiares de Nicias “N” y Luis “N”, ambos ya vinculados a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, y Cristian Von Roerich, exjefe delegacional.
Debido al cobro de las rentas de los departamentos, los exfuncionarios comenzaron a tener altas cantidades de efectivo, por ello comenzaron a conformar empresas fantasmas para justificar el dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó el manejo millonario de tarjetas de crédito, la conformación de empresas y hasta la renta de aeronaves, en total serían 12 empresas bajo investigación.
Ya son más de 80 los vecinos de la alcaldía Benito Juárez que se han acercado con las autoridades para denunciar irregularidades en los inmuebles que adquirieron.
“De esta manera, estaremos en condiciones de determinar posibles relaciones de intereses y/o criminales de quienes fungen como propietarios, comodatarios o arrendatarios, y que reciben por concepto de renta altas cantidades de dinero que posiblemente no han sido declaradas, nuestro equipo pericial lleva a cabo la determinación de los ingresos que los propietarios adquirían por estos conceptos, ya que, en promedio, un inmueble de estas características puede redituar entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales. Exservidores públicos obtenían un beneficio en apariencia ilícito a partir de la comisión de un hecho cuya naturaleza haya sido presumiblemente ilegal, y sobre todo, que se trate de recursos, como hemos mencionado, que probablemente nunca fueron declarados ante las autoridades fiscales”, refirió Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX.
Indicó que los exfuncionarios realizaron un esquema de enriquecimiento basado en negligencias y colusiones fuera de la ley.
Aseguro que sus acciones no habrían sido posibles sin el consentimiento de sus superiores jerárquicos para obtener beneficios ilícitos.
Con información de N+ Arturo Sierra
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