Para la periodista María Idalia Gómez, la acusación en contra de Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se debilitó porque el sindicato no denunció un fraude. Explicó que la acusaron de “delincuencia organizada por lavado de dinero”, pero “le quitas el tema fiscal, y con la reclasificación del delito, aunque tenía la acusación de delincuencia organizada, en el caso d ella, como era por lavado de dinero, no es grave” y “al tener la edad y el estado de salud, se interpreta que, por el delito de lavado de dinero, se puede definir que sí se puede quedar en su casa para la prisión domiciliaria”.
En Estrictamente Personal, con Raymundo Riva Palacio, detalló que a Elba Esther Gordillo “le imputan el lavado de dinero por casi dos mil millones de pesos. El tema central de la acusación es que ella obtuvo dinero del sindicato de maestros y fue depositado en tres cuentas distintas y ese dinero fue utilizado para fines que no eran para el sindicato, sino para cirugías, viajes, compras, elementos que no beneficiaron al sindicato”.
En esta medida, indica, “como no se puede acreditar el origen lícito del dinero y utilizó a tres personas diferentes a través de estas cuentas, entonces se cumple la pretensión del delito, que es tres o más personas de manera reiterada cometen este delito y que pretenden ocultar el dinero. El problema original, incluso, radica en que alguien del sindicato no la denunció, es decir, la parte interesada era el sindicato, quien tenía que denunciarla”.
Insistió en que “el sindicato tendría que haber denunciado, pero por fraude, en todo caso, y no hubo ninguna denuncia por parte de nadie del sindicato ni por el comité”.
Señaló que “el argumento para sostener la acusación era defraudación fiscal, que ya se le quitó; tú, al momento de hacer las operaciones para ocultar el dinero y además no pagar los impuestos, trataste de beneficiarte con ese dinero a través de diferentes operaciones y además cometiste el delito de defraudación fiscal; cuando le quitas ese delito, dejas a esta pretensión de ocultar dinero y beneficiarte demasiado débil, porque tendría que ser el sindicato quien dijera ese dinero no se usó para nuestros fines, nos lo robó, nos lo quitó y tienen que perseguirla; entonces sería un fraude cometido por un grupo delincuencial que cometió el delito de lavado de dinero, pero no existe el delito de origen, es decir, ¿cómo se robó dinero, cómo obtuvo el dinero y cómo lo lavó?, pues no hay manera, porque no hay un delito de origen. El delito de origen es que vendas armas, cometas narcotráfico, hagas un fraude, es decir, que obtuviste un dinero ilícito y por eso lo trataste de lavar”.
María Idalia Gómez señaló que “fueron acusadas en total cuatro personas, una fue liberada; una nunca fue detenida y la maestra”. Las acusaciones decían que “se hizo el traslado de dinero por diferentes países de Europa y para eso necesitó dos personas y una empresa, además de hacerlo varias veces; pero eso no importa, porque, si no existe un delito de origen, esta operación no importa; si no hizo ningún delito previo, no existe la organización criminal. Cuando le quitas el delito original, dejas la pretensión de ocultar el dinero demasiado débil”.
Insistió en que “si no robó, no defraudó y no vendió armas, si no hizo un delito previo, no se puede sostener el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. No sé si los abogados se concentraron primero en sacarla de la cárcel”.
Dijo que, durante el proceso, “se han pospuesto las audiencias, no han ido testigos, el juez ha tenido que requerir hasta tres o cuatro veces a la Procuraduría General de la República e, incluso, hasta sancionarla para presentar pruebas, para presentar a los testigos”.
Desde la perspectiva de María Idalia Gómez, “lo que ha tenido que hacer la PGR, si viéramos otros casos históricos, es aletargar el caso; es decir, prologarlo tanto, que el tema de fechas, la prolongación, las vacaciones, que en realidad no se ha llegado al fondo”
Reconoció que el caso “no hubiera impactado tanto si la hubieran llevado a su casa inmediatamente. El tema del desgaste de mantenerla primero en Santa Martha, luego en Tepepan, luego en el hospital, regresarla a Tepepan, luego otra vez al hospital; eso ha implicado un desgaste no sólo del poder político, de la imagen, sino también de la capacidad de operación; el desgaste que implica, como lo implicó para La Quina, el estar preso es realmente el aniquilamiento por estar privado no sólo de la comunicación constante; ahora que esté en su casa va a tener controladas las comunicaciones, va a tener controladas las visitas, la ubicación geográfica, va a estar teniendo que reportarse constantemente con una persona, no exactamente dentro de su casa, pero sí la va a estar visitando, sí va a tener un control que va a seguir mermando su vinculación hacia afuera”.
Anticipó, sin embargo, que, si el abogado defensor decide ir por un nuevo amparo “contra el auto de formal prisión, y todo sigue su curso normal, podría quedar libre en seis meses más; si las pruebas han sido sólidas, en seis meses estaría libre, pero yo creo que eso va a ocurrir hasta diciembre del próximo año. No creo que se desista la PGR, pero sí va a menguar la estrategia. Este gobierno dejará puesta la mesa para que salga en diciembre del próximo año”.
(Con información de Estrictamente Personal)
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