Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública (SPF), aseveró que es prioritario erradicar toda forma de violencia contra la mujer, y exhortó a redoblar esfuerzos en la implementación del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual.
Por ello convocó a los responsables de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades hacer una Administración Pública Federal que sirva como modelo a la sociedad, con medidas contra la discriminación y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En este marco, indicó que la responsabilidad de la SFP en la aplicación de dicho protocolo es mayor y tiene la obligación de velar por su cumplimiento, por ser la dependencia que coordina de manera transversal a las instancias involucradas en la atención y resolución de estos asuntos.
Arely Gómez recordó que de acuerdo con cifras de 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más ha sido objeto de por lo menos, un acto de violencia de algún tipo, y que entre octubre de 2015 y octubre de 2016, 45 por ciento de las mujeres fue víctima de algún acto violento, de tipo emocional, sexual o de discriminación en sus centros de trabajo.
Ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y del comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, destacó la necesidad de consolidar el andamiaje legal vigente y emprender acciones efectivas que procuren áreas de trabajo de confianza y respeto a la dignidad de todos.
Comentó que la igualdad entre mujeres y hombres, es un derecho consagrado en la Constitución y es fundamental erradicar las figuras discriminatorias y patrones culturales, que obstaculizan el pleno desarrollo de toda la sociedad en su conjunto.
Reiteró que actualmente, en México se cuenta con un marco normativo e institucional que obliga a las autoridades a diseñar y poner en marcha políticas públicas, que promuevan la no discriminación por razones de género y garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incluida la laboral.
En tanto, la presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, señaló que el hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito de la Administración Pública Federal merece atención y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterios para valorar los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual con perspectiva de género.
Añadió que muchas mujeres están dispuestas a denunciar, por ello el protocolo estableció la ruta de atención a presuntas víctimas, donde la intervención de los Órganos Internos de Control es fundamental para imprimir la fluidez y agilidad en la resolución de los casos y con el acompañamiento de la Comisión de Víctimas, puedan obtener certidumbre, justicia y reparación del daño.
A su vez, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, señaló que al interpretar la Ley General de Víctimas, ha sido complicado para algunas dependencias, el encontrar mecanismos que permitan brindar servicios que las víctimas necesitan.
Con información de Notimex
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