Senadores de oposición presentaron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la creación de los llamados “superdelegados” y las comisiones presidenciales de investigación.
Las bancadas de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, solicitan que se declaren contrarias a la Constitución las reformas al artículo 21 de la Ley de la Administración Pública Federal, aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión por la mayoría de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social y publicadas el 30 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación.
Los senadores argumentaron que la figura de los “superdelegados” y las comisiones presidenciales violan la Constitución, van en contra del Pacto Federal y de la división de poderes.
La acción de inconstitucionalidad contra las comisiones presidenciales, tuvo el respaldo de 52 senadores y la correspondiente a la impugnación de los llamados supe delegados fue avalada por 45.
En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manifestó su respeto a esta decisión de los grupos parlamentarios opositores.
“Es su derecho y me parece que nadie puede cuestionar el derecho que tiene un grupo de senadores, que reúnen el requisito legal para presentar acciones de inconstitucionalidad. Respetamos ese ejercicio de derecho y respetaremos la resolución que en este caso la Corte emita al respecto. Nosotros creemos que no se incurrió en ninguna violación a la Constitución. En todo caso, ya en este momento es el Poder Judicial el que determina si procede o no la acción planteada. Nosotros acudiremos como terceros perjudicados, a expresar lo que a derecho conviene, en el sentido de que cumplimos con toda la formalidad de la ley para legislar en esta materia”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.
Con estas suman tres las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte por los senadores de oposición.
La primera de ellas fue en contra de la Ley de Remuneraciones, que señala que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.
Con información de Claudia Flores.
LLH
