Esta noche se entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el documento para impugnar la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones para los Servidores Públicos.
Cómo lo anuncio, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, fue presentado un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar que concedió el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán.
Lo firma Zuleyma Huidobro González y lo dirige al presidente de la Corte, el ministro Luis María Aguilar, a quien le aclara que se trata de un asunto de extrema urgencia y le pide que sea resuelto a la brevedad “para evitar daños irreparables a la economía nacional, el orden público y el interés social”.
Argumenta que la suspensión de la ley interfiere en el proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2019, que debe llevarse a cabo entre el 15 y 31 de diciembre de 2018, por lo que solicita se convoque un periodo extraordinario ante la proximidad del periodo vacacional del Poder Judicial que iniciará el 17 de diciembre y concluirá el 2 de enero o, en su caso, se resuelva antes.
El argumento central de su reclamo es que la suspensión no procede en las acciones de inconstitucionalidad y aun así el ministro Pérez Dayán concedió esta medida cautelar.
Señala: “el Ministro Instructor debió declarar improcedente la suspensión solicitada, pues a juicio de esta autoridad, al concederla transgredió el contenido del referido artículo 64 de la Ley Reglamentaria, y vulneró los principios de división de poderes, federalismo, legalidad, certeza jurídica, tutela jurisdiccional efectiva e imparcialidad, al suspender parcialmente, y única y expresamente en lo que le afecta en lo personal, la aplicación de la Ley de Remuneraciones”.
Agrega que, en el caso de las normas aprobadas por el Congreso, existe una presunción de constitucionalidad que le concede validez en tanto no exista un pronunciamiento final por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en su caso, declare la invalidez.
En el recurso se advierte que, en cuanto al artículo primero constitucional, referente a que todas las normas relativas a derechos humanos deben ser interpretadas de la manera en que favorezca más ampliamente a las personas, no implica ni debe llegar al extremo de inaplicar una figura procedimental que se encuentre prevista en el ordenamiento correspondiente.
Considera, por el contrario, que se genera “una grave transgresión a los derechos humanos de toda la sociedad mexicana, pues genera un estado de incertidumbre jurídica derivada de la omisión del Juzgador Constitucional”.
Acusa que así se provoca la pérdida de parcialidad del Ministro Instructor, al tener un interés personal en el asunto, proveniente del impacto salarial que resentirá con la vigencia de la Ley de Remuneraciones.
En el recurso se precisa: “con tal decisión se pone en riesgo la rectoría económica del Estado, como institución fundamental del país”.
Agrega que el ministro Pérez Dayán “interviene directamente en la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019, pues impide la libre determinación de éste, limita al Ejecutivo Federal en su proyecto y a la Cámara de Diputados en su aprobación, y con ello obstaculiza el libre desarrollo del federalismo y de la división de poderes en perjuicio del interés social”.
Lo acusa de una “evidente violación a los principios de legalidad e imparcialidad”.
La impugnación fue entregada por la propia directora jurídica del Senado en las instalaciones de la Corte.
Con información de Claudia Flores.
LLH
