La situación de seguridad en México no es la peor, pero “estamos en un problema grave”, afirmó Isabel Miranda de Wallace, fundadora y presidenta de la organización Alto al Secuestro, en la mesa de Despierta con Loret.
Miranda de Wallace abundó que, además, la situación es generalizada, porque “27 estados vivieron un incremento en homicidios dolosos. Hablamos de muertes violentas, no necesariamente ejecución”.
Para Francisco Rivas, director de Observatorio Ciudadano, en materia de seguridad, “este primer cuatrimestre es el peor desde 1997” en el que ha habido aumento de la mayoría de los delitos, “el único que permanece idéntico es la violación”.
De acuerdo con el director de Observatorio Ciudadano, el delito de homicidio doloso es el más visible y resta atención a los demás, pero el robo a negocio aumentó 43%; el robo a casa habitación subió 30% y la extorsión subió en la misma proporción. El secuestro también fue mayor “si haces la comparación en el cuatrimestre, pero si lo comparas entre un año y otro, sí disminuye”.
Francisco Rivas coincidió con Isabel Miranda en que se vive una “situación preocupante, generalizada” en la que “estados donde se había recuperado cierta tranquilidad están inmersos en la violencia”. Destacó que no se trata de “un mes o un par de meses violentos. Hay entidades en las que el delito prácticamente no existía, pero de repente aumenta, como Querétaro y Baja California Sur”, en donde se advirtió que la seguridad se deterioraba y el riesgo se avecinaba.
Además, detalló Isabel Miranda de Wallace, “el tema de la violencia no es sólo entre cárteles; ahora es el narcomenudeo, los secuestradores, y la violencia se ha incrementado”, afectando a los ciudadanos.
La activista declaró que, además, estados en los que se había recuperado la tranquilidad han vuelto a destacar por su violencia, como Chihuahua, en donde Ciudad Juárez se había convertido en un ejemplo de seguridad, y La Laguna, en Coahuila. Afirmó que eso se debe a “un debilitamiento institucional mayor. Tuvimos 11 cambios de gobierno y allí se rompen pactos, se rompen corruptelas, esto te revela que cuando se cortan pactos, viene un repunte”.
Además, dijo, “cuando el sistema acusatorio entró en vigor en Chihuahua, el repunte en homicidios fue bárbaro, porque el nuevo sistema penal acusatorio no se terminó de implementar y eso permite que salgan los delincuentes; el mensaje es que pueden matar y no pasa nada”.
Francisco Rivas afirmó que este repunte de violencia ha dejado claro que “no hay una construcción de instituciones y de servicio público”; explicó que en Tamaulipas “se gastaron 3 mil millones de pesos para la reconstrucción de policías, tenían que entregar 3 mil policías y sólo entregaron 288. En los próximos años veremos un gasto similar, sin efectos”.
Miranda de Wallace advirtió que “en papeles aparece que se gastaron el dinero, pero en la realidad no les llega el dinero a las corporaciones”, y eso es más visible en Tamaulipas, que tiene “el número uno en todos los delitos. Ahí quien manda es el narco, porque no hay gobierno que ponga orden”.
Y el sistema de justicia penal acusatorio tampoco está ayudando porque “fallan los jueces, pero tampoco fueron bien capacitados los elementos”. Al día de hoy, dijo Isabel Miranda, “no tenemos kits de primer respondiente, entonces, sí alguien muere, tienen que preservar la evidencia, y como no tienes dinero, todo lo contaminan y el homicida sale porque no se lo pudieron probar”.
Para Francisco Rivas, cuando “una autoridad le echa la culpa a un sistema que nos costó tanto, es no querer reconocer que falla su propia administración”. El director de Observatorio Ciudadano explicó que “el sistema tiene bondades innegables en un país en el que la violación a derechos humanos es constante, pero los policías que debieron ser capacitados, un 20 o 30% a nivel nacional no pasó la capacitación”.
Además, señaló Isabel Miranda, “se capacitó al revés, porque empezaron por los cargos altos y no por los agentes que serían el primer respondiente”. La fundadora de Alto al Secuestro denunció, además, que los delincuentes “ocupan el argumento de la violación a sus derechos humanos para salir”, aunque reconoció que los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indican que pocos casos prosperan.
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