En el mes de junio, el secuestro se incrementó en 14%, con 89 carpetas de investigación que representan a 133 víctimas, en comparación con las 78 carpetas y 116 víctimas registradas en el mes de mayo, informó la organización Alto al Secuestro.
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El número de detenidos relacionados con el delito de secuestro incrementó 31.8 % en junio con 116 personas, mientras que en mayo fueron detenidos 88 presuntos responsables de secuestros.
Los estados con mayor incidencia de secuestros en junio son: Estado de México con 17 casos, Veracruz 16, Chihuahua y Puebla 7, Morelos 5 y Ciudad de México 4.
Las entidades que reportaron cero secuestros: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Querétaro y Yucatán.
En videoconferencia de prensa, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, advirtió que conforme se estabilice la nueva normalidad, el secuestro y otros delitos incrementarán.
“Indudablemente que tendremos incrementos en la cantidad de delitos, secuestro, de robo a casa habitación porque eso se va a conjuntar indudablemente con el tema del desempleo, la crisis económica en la que ya estamos inmersos, ya escuchamos más de un millón de empleos perdidos en lo que vamos”, indicó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.
Respecto a la incidencia de delitos que se han agudizado en entidades como Guanajuato, hizo un llamado a dejar de lado los desacuerdos entre los gobiernos estatales y federal para plantear una estrategia de combate a la delincuencia organizada.
“Es tener una estrategia y no la tenemos, se tiene que sacar la política para que exista coordinación entre la Federación y el estado, porque si bien es cierto que muchos de los delitos son del fuero común, la verdad es que son cometidos por la delincuencia organizada. Se echan la pelotita unos a otros y los únicos que quedamos en medio somos la sociedad”, señaló Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.
Miranda de Wallace también denunció presuntos actos de corrupción en el Instituto Federal de Defensoría Pública, para favorecer el ingreso de personas no autorizadas a penales federales.
Con información de Adriana Valásis
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